Boné reclama a la DGA los informes que haya elaborado contra los trasvases

Boné reclama a la DGA los informes que haya elaborado contra los trasvases

La Junta de Portavoces aprueba por unanimidad una propuesta del Partido Aragonés para que los servicios jurídicos analicen las enmiendas introducidas en el Congreso de los Diputados sobre el trasvase Tajo-Segura, por si afectan a las competencias e intereses de Aragón, y, en caso contrario, poder interponer recurso. La Junta de Portavoces de las Cortes ha aprobado por unanimidad una propuesta que ha presentado el vicepresidente del Partido Aragonés y portavoz en las Cortes, Alfredo Boné, con la que pretende que la DGA explique «los informes que haya elaborado contra los trasvases».

El documento presentado por el PAR mandata que los servicios jurídicos analicen las enmiendas introducidas en el Congreso de los Diputados sobre el trasvase Tajo-Segura, por si afectan a las competencias los intereses de Aragón, y, en caso contrario, poder interponer recurso.

También se Insta al Gobierno de Aragón a que elabore los correspondientes informes jurídicos, poniendo en marcha, en su caso, las medidas jurídicas y administrativas que garanticen el respeto al Estatuto de Autonomía. Igualmente a que dé traslado inmediato los grupos parlamentarios de copia de los informes preceptivos que haya solicitado o solicite la Administración General del Estado o el Congreso de los Diputados, relacionados con la previsión estatutaria sobre los trasvases; por otra parte copia de los informes preceptivos que haya emitido el Gobierno de Aragón, y de aquellos informes internos que hayan emitido sus organismos para la conformación del informe, tales como los servicios jurídicos, el Instituto Aragonés del Agua o el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA).

Por último, se insta al Gobierno de Aragón a que informe de manera detallada sobre qué acciones concretas ha realizado para el adecuado cumplimiento de la proposición no de ley 40/15, sobre informes preceptivos contra los trasvases, aprobada en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.

Antecedentes

Alfredo Boné recuerda en el documento que el Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 5 de febrero, declaró la inconstitucionalidad y la nulidad de varias disposiciones de la Ley de Evaluación Ambiental, a raíz del recurso interpuesto por las Cortes de Aragón, tal como se aprobó mediante pleno extraordinario del 27 de febrero de 2014. En concreto, se anulan las disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura, que fueron introducidas mediante enmiendas en la tramitación parlamentaria de la ley «El motivo de la inconstitucionalidad, tal como señala la sentencia, es la omisión del preceptivo informe previsto por el Estatuto de Autonomía de Aragón en su artículo 72.3, que señala que la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio».

La sentencia señala que la nulidad queda diferida en el plazo de un año, periodo que se otorga para solventar «la exigencia procedimental del informe previo de la Comunidad Autónoma de Aragón», de los intereses de las restantes Comunidades Autónomas y del resto de destinatarios de la ley.

Informes preceptivos según las leyes vigentes

Boné subraya en la propuesta que según las leyes actualmente vigentes, los informes preceptivos deben elaborarse tanto por el Consejo de Ordenación Territorial de Aragón (COTA), en cumplimiento de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, como por el Gobierno de Aragón, ya que así lo establece el artículo 72 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón «No obstante, la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, cuya entrada en vigor está fijada para el mes de junio, establece en su Disposición adicional primera el procedimiento para los informes sobre las «transferencias de aguas».

Señala que en el seno de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón emitirán informe, al menos, el Instituto Aragonés del Agua, el Consejo de Ordenación del Territorio, la Dirección General de los Servicios Jurídicos y el Consejo Consultivo de Aragón. Los cuatro informes, y cualesquiera otros que sean recabados, se elevarán al Consejo de Gobierno, que elaborará una propuesta de informe. Una vez aprobado el informe por el Gobierno de Aragón, será remitido a las Cortes de Aragón, para su tramitación y aprobación, en su caso, en el órgano que decida la Mesa y Junta de las Cortes de Aragón, para su remisión definitiva.

Boné señala en el documento que el rechazo a la Ley de Evaluación Ambiental también fue objeto de la aprobación de dos proposiciones no de ley sobre el nuevo Plan de Gestión del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña y otra sobre informes preceptivos contra los trasvases, que instaron al Gobierno de Aragón a oponerse a las referencias contempladas en la Ley de Evaluación ambiental así como a realizar los estudios jurídicos necesarios para presentar los recursos pertinentes.

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