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• ANTECEDENTES
• 1. DISMINUICIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL DE EMPRESAS Y FAMILIAS
• 2. MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ARAGONESAS
• 3. HACIA UN CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO PARA DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA ARAGONESA

ANTECEDENTES

Las turbulencias financieras iniciadas en el verano de 2007 han desembocado en la actual crisis de confianza en el sistema financiero global, que ha puesto de manifiesto dos problemas interconectados, la escasez de liquidez y la solvencia percibida, que ha tenido como primer afectado a las entidades financieras. Con el paso de los meses, esta crisis financiera ha afectado a la economía real convirtiéndose en la mayor crisis económica global.

El Partido Aragonés, en el marco de la actual coyuntura económica internacional, está siguiendo de cerca cómo la misma está afectando a la evolución de la economía aragonesa, sus repercusiones sobre el empleo, la actividad empresarial y el nivel de vida de los agentes sociales, empresas y familias.

De este modo, ya en la Comisión Ejecutiva del pasado 15 de septiembre se aprobó un acuerdo en el que se recordaban las principales medidas políticas relacionadas con el crecimiento económico que el PAR no sólo viene defendiendo, sino que está impulsado y poniendo en marcha, quedando demostrado que las mismas son eficaces para contribuir al desarrollo socioeconómico de forma sostenible en nuestra tierra. Así mismo, el PAR está analizando continuamente la idoneidad y efectividad de los distintos paquetes de medidas que los gobiernos están poniendo en marcha para combatir la actual crisis.

Del citado análisis de las medidas propuestas por el Gobierno central en los últimos meses y tras la aprobación por el Consejo de Ministros del último paquete de medidas para combatir la crisis, se desprenden varias cuestiones que necesariamente hay que tener en cuenta:

1º. Las medidas se han planteado en diferentes paquetes, muchas son presentadas como nuevas cuando son las mismas o similares que otras previas, de forma poco coordinada y sin tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas al respecto.

2º. Éstas no responden a un análisis del impacto territorial de la crisis, pues a pesar de ser una crisis global su repercusión y consecuencias no va a ser el mismo en todos los países y regiones. Realizar dicho análisis supondría que la crisis está teniendo un impacto desigual entre las comunidades autónomas, cuyas características socioeconómicas y estructuras productivas son también diferentes.

3º. Las medidas priman el aumento del gasto público frente a la rebaja de impuestos, por lo que difícilmente se rebajará la presión fiscal sobre los ciudadanos, y pondrán en riesgo el cumplimiento del pacto de estabilidad y crecimiento.

4º. Muchas de las medidas han tardado en concretarse y sus efectos tendrán,  probablemente en varios casos, un desfase temporal en cuanto a su repercusión e impacto en la economía real.

5º.Las medidas son en su mayor parte soluciones temporales que incidirán escasamente sobre la gran asignatura pendiente de la economía española que son el necesario cambio de modelo desarrollo económico (basado en los últimos años en la construcción), la mejora de la productividad y competitividad, tal y como han puesto de manifiesto entidades y organizaciones de reconocido prestigio internacional, como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional.

6º. La implementación de todas estas medidas está dando lugar a un fuerte crecimiento del déficit público que va a agravarse en los próximos meses como consecuencia en la recaudación fiscal derivada del menor consumo, mayor paro y menor tasa de actividad económica.

Con todo ello, la actual crisis y las medidas anunciadas por el Gobierno central para combatirlas, lejos de disminuir las disparidades regionales, puede incrementarlas aun más.

Finalmente, el análisis de los datos es clara y contundente:

• De acuerdo con la última información disponible publicada por organismos oficiales, en el tercer trimestre de 2008 ha continuado el debilitamiento de la actividad de la economía española.  Así el ritmo de variación interanual del PIB se situó en el 0,9% en el tercer trimestre, nueve décimas por debajo del observado el trimestre y en términos intertrimestrales, el producto ha experimentado un retroceso, hasta registrar una tasa negativa del –0,2%.
• Aunque todavía no hay datos oficiales, si se confirman los pronósticos, la tasa intertrimestral del PIB del último trimestre del año 2008 también será negativa, con lo que España habrá entrado en recesión.
• La persistencia de la inestabilidad en los mercados financieros internacionales y sus implicaciones sobre las condiciones de financiación y la confianza de los agentes han contribuido a frenar el avance de la actividad.
• La desaceleración de la actividad se ha reflejado en el menor ritmo de creación de empleo así el último dato sobre la tasa de paro español se ha situado en el alarmante 13,64%, que supone un total de 3,1 millones de parados, la tasa más elevada de la UE 27 que casi duplica la media europea situada en el 7,2%. Este incremento del paro está suponiendo  una fuerte intensificación del proceso de destrucción de empleos, el cual está siendo especialmente duro en los últimos meses para Aragón, pues fue la 2ª comunidad autónoma en que más creció el paro, afectando a todos los sectores productivos.
• las familias tienen que destinar a finales del tercer trimestre del presente año un 39% de su renta bruta disponible anual para financiar la compra de vivienda, lo que supone el mayor esfuerzo registrado en los último años,
• La situación del tejido empresarial reviste de una gran gravedad. Se prevé que cuatro de cada diez empresas despedirán trabajadores como consecuencia de la actual crisis económica,
• La confianza de los consumidores y la de los comerciantes minoristas ha experimentado un gran descenso, alcanzando un nuevo mínimo histórico en el primer caso.

Por todo ello la Comisión Ejecutiva del PAR considera que, además de las medidas para avanzar hacia un modelo económico más aragonesista aprobadas en la reunión del 15 de septiembre, es preciso profundizar en las siguientes líneas de trabajo:

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La gravedad de la actual crisis económica internacional, cuyos principales afectados son las empresas y las familias, está causando una fuerte destrucción de empleo, prácticamente un millón de empleos en el último año, y la consecuente pérdida de renta para los ciudadanos.

Las medidas propuestas por el Gobierno Central para combatir la crisis son en general insuficientes, suponen un aumento del gasto público, frente a la rebaja de impuestos, por lo que difícilmente se rebajará la presión fiscal sobre los ciudadanos. Además, no priman la eficiencia en la gestión de los recursos en estos momentos escasos.

Las medidas de apoyo a familias y empresas que constituyen el primero de los cuatro ejes del “Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo” también son insuficientes, puesto que en el caso de las familias son medidas de carácter fiscal que disminuirán la recaudación fiscal, incrementando el déficit público por los menores ingresos públicos, pero que probablemente van a tener escasas consecuencias en la mejora de la renta disponible de los ciudadanos.

Por otro lado, en una primera aproximación al sistema fiscal español nos enfrentamos con una paradoja evidente: los tipos de gravamen son relativamente elevados en comparación con la media de los países de nuestro entorno, pero en cambio la presión fiscal efectiva es una de las más bajas de Europa. Es decir: recaudamos menos de lo que deberíamos, lo que supone un importante fallo en el sistema.

Además dos hechos importantes están comprobados; el primero es que los asalariados soportan una excesiva carga fiscal,  y el segundo, que la polarización del IRPF sobre las rentas medias, de modo que el 22% total de los contribuyentes (situados en los tramos de renta entre 21.000 y 60.000 €) aportan casi la mitad de la recaudación total por este impuesto.

Las causas de esto son muy diversas, pero podemos destacar el fraude y el menor control ejercido sobre las rentas no salariales, los altos tipos impositivos aplicables a los tramos de renta elevados así como la desnaturalización que sufren las bases imponibles debido al complicado entramado de deducciones y bonificaciones aplicables. El problema del sistema fiscal español es que no pagan todos, pero quienes lo hacen, pagan demasiado y la simplicidad del sistema no es su característica fundamental.

En consecuencia, es necesario y urgente aliviar la presión fiscal de los agentes sociales con objeto de mejorar la capacidad adquisitiva de las familias aragonesas y los costes que soportan las empresas ubicadas en Aragón, consecuencias necesarias para estimular el consumo y mejorar la competitividad empresarial.

Para ello, se proponen las siguientes medidas:

1.1. Una reducción en la presión fiscal, incidiendo en aquellos colectivos que más están sufriendo la crisis, ciudadanos de rentas medias y bajas, para lo cual es necesario implementar más y mejores modificaciones en la imposición de las familias y las PYMES, que conlleve disminuciones claras en la tributación del conjunto de los contribuyentes.

1.2. Defender para Aragón un acuerdo de financiación bilateral, según prevé el Estatuto de Autonomía de Aragón, así como la creación de la Agencia Tributaria Aragonesa, el pago íntegro de la deuda histórica y de la derivada por las mermas tributarias. En todo caso, se abogará por que la reforma del Sistema de Financiación actual aumente la autonomía fiscal de las CCAA no sólo en términos cuantitativos, sino también en las competencias normativas (capacidad legal para modificar el nivel o la distribución de la recaudación) de los tributos cedidos parcialmente, en especial en el IRPF.

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2. MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ARAGONESAS.

La ralentización del valor añadido de la economía de mercado en los últimos meses ha sido generalizada, incluida en Aragón, recayendo principalmente sobre las ramas de la industria y la construcción, aunque ya afecta a todos los sectores productivos.

Visto que muchas empresas están reduciendo parte de su capacidad productiva, a medida que sus ventas reflejan una caída consecuencia de la disminución de la demanda, y continúa el nivel de incertidumbre y desconfianza en los mercados que originan que las perspectivas económicas futuras continúen siendo poco favorables y cargadas de una gran incertidumbre. Además, son las pequeñas y medianas empresas las que se encuentran expuestas a mayores riesgos en el actual contexto económico.

Los grandes retos empresariales continúan siendo la mejora de la productividad y la competitividad frente al exterior. El Partido Aragonés es consciente de que el Gobierno ha tomado medidas para mejorar ambos aspectos, pero que no son suficientes, pues están más enfocadas a solucionar la actual desaceleración que a eliminar los problemas carácter estructural. De hecho, la mejora de la competitividad de la economía española representa en la actualidad retos de mayor calado que la moderación de precios y costes.

Ante estas circunstancias, el PAR defiende que el Gobierno Central implemente medidas que mejoren la actividad económica del conjunto del Estado, favoreciendo medidas que:

2.1. Hagan más competitivas a las empresas españolas y aragonesas tanto fomentando su internacionalización, como ampliando el marco de sus conocimientos y facilitando la adecuación de sus infraestructuras.

2.2. Promuevan la captación de inversiones empresariales procedentes del extranjero, potenciando el atractivo para la inversión empresarial.

2.3. Supongan cambios en la normativa estatal para la supresión de cualquier traba o limite que restrinja la implantación de empresas o la realización de actividades económicas que sirvan de impulso en el actual contexto en el que nos encontramos.

2.4. Agilicen los trámites necesarios para que cualquier ley que favorezca la dinamización de la economía entre en vigor en el menor tiempo posible, así como que se reduzcan al mínimo los plazos administrativos necesarios para la puesta en marcha de una empresa o negocio.

2.5. Refuercen la especialización en actividades de futuro y con un alto valor añadido, como podrían ser la logística y las energías renovables.

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3. HACIA UN CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO PARA DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA ARAGONESA
 
Los compromisos adquiridos por el Gobierno Central en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 2007-2010, así como la Ley de estabilidad presupuestaria, pretenden favorecer un cambio en la composición del gasto público, para primar aquellas políticas con capacidad para dinamizar la productividad, así como contar con un sistema que, además de garantizar la suficiencia, respete los principios de eficiencia, equidad y neutralidad. Por ello, la necesidad de un marco presupuestario institucional de calidad es imprescindible.

En las recomendaciones realizadas a España por Organismos Internacionales de reconocido prestigio -como son la Comisión Europea, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional-, impera como la necesidad de hacer frente a la nueva situación económica con la implementación de medidas para la creación de empleo.

Recientemente, la OCDE ha animado a nuestro país y a sus comunidades autónomas a emprender reformas estructurales tales como la flexibilización del mercado laboral, o mejoras en el sistema educativo. Sin embargo, hasta ahora solo se ha cumplido algo más de la mitad de las reformas sugeridas, destacando como incumplimientos clave las reformas del sistema de pensiones y la mejora de la financiación autonómica. Asimismo, España también suspende en el intento de reducir la brecha económica entre las regiones.

Como principales rasgos del desempleo, cabe destacar la temporalidad, la escasa flexibilidad, la insuficiente apertura tecnológica de las empresas y el todavía bajo nivel de empleo femenino. La tasa de paro refleja una relación directa de la evolución económica con aspectos estructurales internos e incluso sociales.

Hasta la fecha, las líneas básicas de la estrategia del Gobierno central contra la recesión se caracterizar por:

• priorizar la inversión municipal y someter a debate la nueva reforma de la financiación autonómica con retraso y en un contexto de crisis económica poco favorable para la negociación
• apoyar al sector automovilístico pero sin plantear suficientes medidas en otros sectores claves que también están sufriendo la crisis,
• emprender algunas medidas para incentivar el alquiler o la compra de pisos claramente insuficientes, como ha demostrado la experiencia de los últimos meses,
• dotar de una escasa inyección presupuestaria al I+D, uno de los paradigmas para el cambio de modelo económico,
• falta de propuestas de medidas presupuestarias dirigidas a aumentar la inversión pública necesaria para llevar a cabo las viejas y nuevas infraestructuras hidráulicas ni las infraestructuras en comunicación terrestre y ferroviarias, condiciones necesarias para dar un impulso definitivo al crecimiento económico aragonés, más aún en un contexto de crisis.

En este sentido, es preciso instar al Gobierno central a:

3.1. Reorientar el modelo de crecimiento económico para reforzar la competitividad y crear riqueza, y afianzar su asentamiento de cara a futuros ciclos económicos, promoviendo un crecimiento equilibrado por sectores económicos y que disminuya las diferencias territoriales.

3.2. Considerar la trascendencia de incidir en reformas estructurales más concretas que afronten los retos pendientes de manera más concisa.

3.3. Reorientar el aumento de la inversión pública hacia sectores clave, como son las obras hidráulicas y las comunicaciones, necesarias para aumentar la competitividad territorial aragonesa y aumentar su potencial de desarrollo, encomendando su ejecución a la Comunidad Autónoma.

3.4. Promover que el sector público adopte sistemas de gestión más eficientes que permitan mantener e incrementar la calidad de los bienes y servicios producidos. De esta manera, se posibilitaría una reducción del gasto para poder afrontar los retos presupuestarios venideros, además de cumplir con las tradicionales exigencias de igualdad de trato y equidad en el acceso a los servicios públicos por parte de los ciudadanos.

3.5. Que dado el gran peso y la relevancia del conjunto del sector público, así como la actual coyuntura económica de recesión, es necesario que un sector público más eficiente para que ayude al desarrollo económico, es decir, que no sea un lastre por su excesiva presión fiscal y gasto superfluo, puesto que se convierta en decisivo para la competitividad futura del conjunto del Estado y de sus Comunidades Autónomas.

3.6. Que la actual intervención estatal para combatir la crisis económica se caracterice por la reducción de la burocracia, y que la nueva gestión pública incremente la productividad y la eficiencia, adecuándose mejor a las demandas reales de los ciudadanos, aumentando la calidad del servicio.

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