La extraordinaria crecida del Ebro y los daños que ha causado deben motivar en primer lugar, el máximo apoyo a todos los perjudicados y una rápida restitución, pero inmediatamente después, se impone que de una vez, se alcancen los acuerdos imprescindibles para ejecutar medidas que eviten tristes episodios como el que acaba de suceder, tan penoso para muchas personas, familias y municipios. Esos dos, apoyo y acción, deben ser los objetivos prioritarios.
Aventurar soluciones únicas a un asunto complejo es cuando menos, arriesgado. Sin duda procede un plan integral dotado del máximo consenso con actuaciones que todos los gobiernos hasta hoy han postergado o ignorado. Hay que insistir en que ahora se trata de adoptar con urgencia ayudas y compensaciones que contribuyan a reponer las condiciones a todos los afectados, pero justo a continuación, hay que tomar decisiones que impulsen, sin limitaciones ni aplazamientos, sin excesos ni pasividad, las acciones precisas para prevenir futuras graves consecuencias de nuevas crecidas, como hemos venido reclamando desde el PAR. Ni las normas, ni la confluencia de competencias pueden ser óbice para emprender las medidas precisas pues es obligación de los gobiernos y del legislador remover obstáculos para servir más y mejor a los ciudadanos, que no merecen que se repita lo ocurrido.
Intentar obtener rédito electoral con la desgracia no admite calificaciones, como incalificables resultan las demandas de trasvase del Ebro a modo de remedio a las avenidas mientras Aragón estaba en plena lucha contra las inundaciones; basta decir que semejante absurdo y su insolidaridad les definen por sí solos.