La diputada del PAR en las Cortes, María Herrero, defenderá el lunes en la Comisión Institucional una proposición no de ley que reclama un acuerdo de la Cámara que recoja la reivindicación de medidas para evitar el incumplimiento de los artículos 9.1 y/o 118 de la Constitución por parte de cualquier parlamento, gobierno o institución. También, que exprese el compromiso con el Estado de las Autonomías y que rechace pronunciamientos anexionistas que pretendan modificar el mapa autonómico actual. La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón debatirá el lunes una propuesta del PAR que será defendida por la diputada, María Herrero, en la que el PAR muestra su preocupación por el incumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Aragón y del ordenamiento vigente por parte de algunas instituciones democráticas.
El PAR quiere que se configure un acuerdo de las Cortes de Aragón que reivindique la necesidad de tomar medidas «efectivas y resolutivas» por parte de quien corresponda para evitar «el incumplimiento -o responder al mismo- de los artículos 9.1 y/o 118 de la Constitución por parte de cualquier parlamento, gobierno o institución que pudieran desobedecer las leyes democráticamente aprobadas, por no acatar las resoluciones de los tribunales o situarse por encima de la soberanía popular».
María Herrero cree en la necesidad de «reafirman la plena vigencia de todos los principios democráticos que emanan de la Constitución y, en particular, la igualdad de todos los españoles ante la ley, con independencia del territorio donde residan» como así reza el acuerdo que se debatirá mañana, en el que también el PAR insta a las Cortes de Aragón a lamentan la fractura social provocada en Cataluña por «su actual situación política», dada la intención de algunas fuerzas políticas de incumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones de los tribunales; a expresan su máximo compromiso con la construcción del Estado de Autonomías y a rechazan cualquier tipo de pronunciamiento público de instituciones, partidos o entidades, favorable directa o indirectamente a la ruptura del Estado español y a posicionamientos anexionistas que pretendan modificar el mapa autonómico actual.
El PAR quiere, además, que el acuerdo que propone y que se someterá a debate y votación el lunes se traslade al Gobierno central, a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y a los parlamentos autonómicos.
María Herrero ha lamentado que corren «tiempos convulsos en la política del Estado español en relación con el mapa territorial de las Comunidades Autónomas» y recordado que a lo largo de los últimos años se han venido defendiendo por parte de algunas comunidades planteamientos rupturistas mediante diferentes iniciativas «Cataluña ha protagonizado e impulsado posicionamientos independentistas, pero lo más grave es que no se trata de una opinión de algunos ciudadanos, sino que son instituciones públicas quienes alientan dichas posiciones. El Parlamento catalán aprobó, de hecho, una declaración de independencia y, por tanto, una manifestación anticonstitucional».
Desde el propio gobierno catalán, recuerda Herrero, se han venido haciendo declaraciones contrarias al acatamiento de las sentencias judiciales sobre «la devolución de los Bienes a Aragón, por ejemplo, o tergiversando la historia de la Corona de Aragón. Por no hablar de algunas políticas promovidas en pro de los inexistentes e irreales países catalanes en los que anexionan parte del territorio aragonés».
La Constitución Española y los Estatutos de Autonomía
El PAR defiende que la Constitución española y los Estatutos de Autonomía, junto con el resto de ordenamiento vigente, son «la garantía de la igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier parte de España, siendo además el marco de convivencia del que libremente los ciudadanos españoles nos hemos dotado, y que, por tanto, ninguna institución democrática española puede permanecer ajena a cualquier afrenta a la legalidad democrática». «Es totalmente inadmisible que se incumplan las leyes por las máximas instituciones gubernamentales». Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas de obligado cumplimiento y los aragoneses «tienen derecho a que el nuestro se vea cumplido íntegramente».