La Ley del taxi en Aragón

Por Elena Allué, diputada del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón.

Hace escasas semanas hemos aprobado en las Cortes de Aragón una Ley del Taxi como ya tienen establecida otras Comunidades Autónomas que, a mi juicio, va a dotarnos de un marco jurídico propio de incuestionable necesidad para regular la prestación de los servicios del taxi y también indispensable para los usuarios. Va a permitir el ejercicio en condiciones de seguridad, modernidad y mejora de la calidad. Esta nueva Ley va a hacer del sector del taxi un sector más profesional y con todo tipo de garantías. Y se ha aprobado por unanimidad, hecho que hay que poner en valor y que me congratula.

Fue el Partido Aragonés (PAR) quien presentó en las Cortes la proposición de ley del Taxi. Y lo hemos hecho para dar voz a un sector que ha venido reclamando por activa y por pasiva al Gobierno de Aragón -sin conseguirlo- una regulación específica pensando en la protección del mismo y en avalar y velar por la calidad.

Aragón nunca había contado con una Ley propia del taxi, y su regulación se remontaba a un Reglamento de 1979. Se hacía urgente actualizar la normativa y adaptarse a un sector cambiante que ha evolucionado en los últimos años en sintonía con la realidad social y económica que, sin duda alguna, requería novedades en el texto legislativo para ofrecer también un mejor servicio a los usuarios del taxi.

Se regulan aspectos tan  novedosos como “la seguridad y la modernidad”, se introduce el pago con tarjeta, se potencian los vehículos de baja contaminación, sistemas de implantación de innovaciones tecnológicas para mejorar las condiciones de la prestación del servicio. Se dispone qué administración es la competente para la determinación del número de licencias a otorgar, en este caso los Ayuntamientos, pero se establece una vinculación entre el número máximo de títulos a conceder y la población del municipio. Se regula también el régimen jurídico de los conductores y se establece que, como regla general, solo podrán ser titulares de licencia de taxi y de autorizaciones interurbanas de taxi las personas físicas, y que estos títulos únicamente podrán ser transmitidos a dichas personas con una excepción para los municipios con menos de 10.000 habitantes en los que se permite que personas jurídicas puedan ser titulares de dichas licencias y autorizaciones.

La ley supone un salto importante en cuanto a la actualización de las necesidades actuales ya que el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, no había sido modificado en más de 28 años. Y supone contar con mayor seguridad jurídica, hecho que favorece a todos los que participan de la actividad del taxi tanto usuarios como profesionales de este sector que, además, convive con una serie de dificultades fruto del debate abierto sobre su liberalización. Es evidente que los modelos están cambiando, y que la irrupción de las nuevas tecnologías está modificando la relación de los ciudadanos respecto a su movilidad. En razonable y positivo que exista competencia, pero debe ser leal y transparente. Bajo las mismas reglas y con la existencia del control público de los profesionales del transporte.

Así y con todo, hemos impulsado una Ley del Taxi para crear un nuevo marco normativo que va a permitir el ejercicio en condiciones de seguridad, modernidad y mejora de la calidad del servicio al usuario. Esta nueva Ley va hacer del sector del taxi un sector más profesional y con garantías. Pero también hemos impulsado esta norma porque siempre hemos sido y somos especialmente sensibles con las peticiones del colectivo del taxi que ha sido, sin duda alguna, uno de los sectores más castigados por la crisis económica- más de 2.000 familias en Aragón- y por la intromisión de nuevos agentes que se sitúan en la “alegalidad”.

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