Podemos estar más o menos de acuerdo pero la realidad es que, aunque por una ajustada mayoría, Sánchez ha sido investido y el Gobierno de coalición -el primero de toda la democracia- comienza su andadura.
El artículo primero de la Constitución española de 1978 dice que vivimos en un “Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. A partir de ahora lo deseable sería que por el bien de todos, por el bien de España y Aragón el nuevo Ejecutivo funcione de la manera más justa y eficaz posible.
Sin embargo la legislatura va a ser muy complicada debido a la manifiesta debilidad parlamentaria (167-165), a la negociación permanente a la que como consecuencia va a estar sometido este Gobierno y a los apoyos recibidos por Sánchez para ser investido. Llegados a este punto y ciñéndonos a la realidad de una mayoría tan escasa, se hace imprescindible, ahora más que nunca, la prevalencia del interés general por encima del particular y/o partidista. Eso es lo que conviene a nuestra autonomía y eso es lo que conviene a España. Así debería ser para que el Gobierno Sánchez pueda empezar su recorrido con garantía. Lo contrario será imprudente por parte de todos y pernicioso para el conjunto de la sociedad.
En este momento político nadie debería agarrarse a otra alternativa que no sea esta. Hay que tener en cuenta que para sacar adelante reformas que son necesarias para España y que permanecen pendientes, será necesaria la mayoría absoluta. Eso quiere decir que de la oposición también habrá que “esperar” altura de miras si queremos resultados.
El Partido Popular, Cs, Vox y el resto de formaciones hasta los 165 escaños de la oposición deberían cultivar la generosidad política pensando, esta vez, más en clave general que en clave partidista y electoral. Nos jugamos mucho.
Esperamos como dijo mi presidente, Arturo Aliaga, durante el minuto siguiente a la elección de Sánchez, que el Ejecutivo de España tenga en cuenta la agenda especial que necesita Aragón para resolver la financiación autonómica, la despoblación, las infraestructuras….
Como no podría ser de otra manera desde el PAR pedimos al nuevo Ejecutivo absoluto respeto a la Carta Magna del 1978. Entendemos que esa es la necesaria garantía para la unidad de España, para la toma de decisiones y acuerdos justos para todos, con altura de miras y la vista puesta en el buen funcionamiento del Estado de las Autonomías.
El nuevo presidente del Gobierno ha prometido al Rey guardar y hacer guardar la Constitución y nosotros acogiéndonos a ello vamos a exigir igualdad de trato. Nunca aceptaremos más privilegios de unos territorios sobre otros, y defendemos y defenderemos que Aragón no es más que otros pero tampoco menos. Gobierne quien gobierne y con quien gobierne. En la cuestión de la reforma de la financiación autonómica, un asunto vital para nuestra autonomía, vamos a estar recordando y exigiendo que sea acorde con las peculiaridades de Aragón.
Nosotros no aceptaremos nada que se sitúe al margen de la Constitución, ley de leyes.
Otra línea roja, tanto para el Gobierno como para los partidos de la bancada de enfrente en el Congreso de los Diputados, debería estar siempre en la desigualdad y la injusticia. Los aragoneses no queremos ser españoles de tercera sino de primera. Reclamamos un modelo con alta sensibilidad territorial y justicia interterritorial, que no perjudique a Aragón teniendo en cuenta que de ello dependerá el coste y el mantenimiento de nuestros servicios públicos. Una mala dotación significaría incurrir en un déficit territorial constante.