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El pasado 30 de diciembre se aprobada en el Parlamento
vasco por ajustada mayoría y con el apoyo de Batasuna, la propuesta de
Estatuto de la Comunidad de Euskadi -el denominado plan Ibarretxe- que
se enmarca en un proceso de reforma del Estatuto. Desde el Partido
Aragonés (PAR) rechazamos contundentemente la propuesta soberanista ya
que fractura la sociedad vasca, vulnera la Constitución y se ha aprobado
con algunos votos de quienes no condenan la violencia. Cualquier cambio
en el modelo de Estado debe estar consensuado y cualquier propuesta de
reforma estatutaria, entendemos, que debe estar avalada por el consenso.
El Plan Ibarretxe no se ajusta a las normas democráticas y rebasa los
límites constitucionales careciendo del respaldo social necesario para
llegar a convertirse en ley orgánica. Ha creado un problema relevante y
la solución requería actuaciones inmediatas utilizando todos los medios
o instrumentos políticos y posibilidades que colleva la ley. Por eso, la
unidad a la hora de afrontar la defensa de la Carta Magna, máximo
documento democrático con el que contamos los españoles desde el
referendum de 1978, debe ser, siempre, inequívoca y sin fisuras.Por eso,
tanto el partido gobernante como el principal partido de la oposición
deberían haber mostrado acuerdo a la hora de abordar el plan con los
instrumentos establecidos dentro del marco constitucional, porque la
ciudadanía reclama unidad sin quebrantos, tanto en la toma de decisión
de un hecho -el que nos ocupa- que provoca incertidumbres y recelos a la
hora de conformar un modelo de Estado justo y legal, como a la hora de
formular la manera de protegerlo o frenar las posibles vulneraciones.
Sin embargo, PSOE y PP impulsados por la amenaza del plan Ibarretxe han
establecido un pacto determinado en la Moncloa con el que pretenden la
creación de una comisión de los dos partidos para controlar el proceso
de reforma estatutaria, acuerdo que rechazamos rotundanmente desde el
PAR si ello afectara a la reforma del Estatuto aragonés porque ya
sufrimos experiencias como la del Pacto Autonómico del 92 con el que
Aragón salió notablemente perjudicada al condicionar el desarrollo de
esta comunidad. Sería inaceptable que quisieran controlar el proceso de
Aragón que precisamente se caracteriza por el consenso y el trabajo
ejemplar que se está realizando desde las Cortes aragonesas con la
creación de una ponencia que se encargará de redactar el nuevo texto
estatutario. Desde el PAR no vamos a ceptar interferencias que recorten
el alcance de la reforma del Estatuto de Aragón y exigimos que no se
permitan privilegios para determinados territorios en las reformas
estatutarias.
No estamos dispuestos a que se ponga en cuestión el proyecto común de
los españoles desde comunidades que buscan ventajas ni tampoco a que,
aprovechando estas demandas, se ponga en marcha una recentralización del
Estado. Aragón es una nacionalidad histórica no sólo en cuestiones de
cultura e identidad sino también en su valor político y económico; por
eso entre todas las fuerzas políticas tenemos que lograr que se hagan
efectivos nuestros derechos con el fin de consolidar el carácter foral
de la nacionalidad aragonesa y aprovechar sus posibilidades para un
mayor autogobierno y una mejor financiación. Las propuestas ilícitas,
injustas o secesionistas no tienen cabida en un Estado de derecho sobre
el que los ciudadanos de este país nos pronunciamos a favor
mayoritariamente. Y los pactos in extremis entre los dos grandes
partidos impulsados por la amenaza de la propuesta soberanista, si
perjudican a Aragón, tampoco. Esos pactos no pueden ir más allá de velar
por la legalidad constitucional de las reformas estatutarias. Los
aragoneses cumplimos con lo exigido y exigimos que se cumpla con Aragón
en la misma medida. Vamos a seguir reclamando para nuestra Comunidad
Autónoma la Autonomía Plena dentro de los límites marcados por la
Constitución del 78 a través de una organización establecida en un texto
constitucional. El PAR, que ha liderado siempre la reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón y ha propiciado la Comisión de Estudio que
acordaba la formación de la ponencia especial que dará lugar a un texto
de reforma del Estatuto, considera razonable que esta autonomía quiera
asumir el máximo techo competencial que permite la Constitución sin
riesgo de fraccionamiento del Estado. Creemos en las posibilidades que
nos ofrece la Carta Magna, en el respaldo social mayoritario, y
rechazamos aquellas propuestas que la contravienen. El gran pacto de
Estado por la democracia, la convivencia y las libertades, recogido en
ella, debe contar con el máximo respeto. Y Aragón, también.
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