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opinión

Octubre 2004. Por Javier Allué Sus. Vicepresidente del PAR y portavoz en las Cortes de Aragón.

Trasladar el nuevo estadio

La Operación Romareda, un asunto de vital importancia para Zaragoza como clara apuesta de modelo de ciudad y nuevo escenario deportivo, merecía mayores dosis de encuentro político y social hacia el objetivo común que debería ser el ciudadano y la ciudad. El equipo de Gobierno municipal, PSOE-CHA se ha venido desmintiendo y contradiciendo mutuamente, quizás en un intento de capitalizar, cada uno por su lado, protagonismo político por interés partidista. Así las cosas, Mientras el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, por ejemplo, insistía en que habrá acuerdos para hacer pisos libres en algunas zonas de la ciudad como Valdespartera, CHA le desmentía en su página web.

Desde mi partido, el PAR, ya hemos dicho incansablemente que en la Operación Romareda era fundamental aplicar el sentido común y no se ha aplicado. Queríamos un campo de fútbol para Zaragoza de la categoría que Zaragoza merece, fuera de su actual entorno y accesible a los aficionados. Reiteramos nuestro rechazo a la barbaridad que supone que el mayor equipamiento deportivo de Zaragoza se construya en la misma ubicación que el actual. Su cercanía al Hospital Miguel Servet y en el entorno del Clínico y el Militar lo desaconsejan razonablemente. Si actualmente está donde está, y crea los problemas que crea a ingresados, ambulancias, visitantes, y ciudadanos en general, sorprende de manera desagradable e indignante que se vaya a acercar aún más al mayor centro hospitalario de la ciudad junto a la construcción de una zona comercial con la que Gaspar quiere pagar la remodelación.

El informe emitido por Protección Civil desaconseja el proyecto. Como señalaba recientemente el presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, “está cargado de razones por las complicaciones que supondría hacer un nuevo campo en esa ubicación ante una situación grave de protección civil”. Mientras tanto, el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Gaspar, dice que si no se autoriza la construcción de los dos rascacielos que habrán de financiar la operación, el nuevo campo no se construirá. Su radical postura, al negar una nueva edificación si la DGA impide la modificación del PGOU para añadir una zona comercial, supone un claro “chantaje” a la ciudad y niega la posibilidad de buscar los puntos de encuentro necesarios para llegar a convenir una mejor ubicación.

Entiendo que la operación Romareda en su conjunto requería de un alto consenso social y político del que no ha gozado. Se ha primado el interés político frente a los intereses de la ciudad. Ni siquiera el Real Zaragoza está de acuerdo con la decisión adoptada, ni el Colegio Oficial de Arquitectos que se pronunciaba al respecto rechazando de lleno el proyecto oficial de reconstrucción del recinto deportivo en su actual situación.

Estoy convencido de que el nuevo campo de fútbol debería haber sido una fuerte apuesta de desarrollo de la ciudad y no lo es, de la necesidad de amplio consenso que debería haber existido en un proyecto de tal envergadura, y de que Zaragoza necesita un nuevo estadio de primera, en otro emplazamiento. Tristemente, mi convencimiento me hace concluir que el proyecto Romareda es el peor de los posibles. No me cabe duda.

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