Desde 1998 todos los pronunciamientos de los tribunales eclesiásticos han dictaminado que los bienes depositados en Lérida deben ser devueltos a sus legítimos dueños. Si el pasado mes de septiembre cuando celebrábamos el dictamen del Vaticano, que obligaba a la Diócesis ilerdense a devolver a Aragón el patrimonio religioso, nos hubieran dicho que ocho meses después íbamos a estar como estamos, no hubiéramos dado crédito. Parecía el principio del fin del conflicto. Aragón estaba cerca de recuperar las 113 piezas de Barbastro-Monzón retenidas en Cataluña, sin embargo el obispo ilerdense, Francesc Xavier Ciuraneta, que vislumbraba un final del conflicto desfavorable a Cataluña, enredó el asunto privado, hasta ese momento de la iglesia, en los hilos políticos de la Generalitat. El Govern decidía posteriormente dar luz verde al retorno aunque fuera con condiciones. Faltaba que Ciuraneta cumpliera con la sentencia de la Santa Sede y no ha sido así. Ahora nos encontramos con que, tras la ruptura del tripartito catalán y la salida de la Consejera de Cultura, Caterina Mieras, los partidos catalanes han vuelto a sus andadas decidiendo ir un paso más allá, blindando las obras sacras. Sería deseable que los partidos en Aragón, PSOE, PP, y Chunta (socio de Esquerra Republicana de Cataluña), convencieran de la devolución a sus respectivos en Cataluña que se empecinan en retener el patrimonio aragonés y se niegan a entregarlo.

La grave provocación por parte de los partidos políticos catalanes en el conflicto es evidente, como también lo es el que los aragoneses queramos que se cumpla la sentencia del Vaticano que dictamina la devolución a las parroquias aragonesas. Pedimos lo nuestro; lo razonable sería que se acatara la resolución. Entiendo que, aún valorando los fuertes lazos que nos unen a las dos comunidades, los aragoneses no debemos ni podemos permitir decisiones como la de blindar nuestros bienes, primero porque la moción del Parlamento catalán instando a no permitir la salida de las obras hasta que hubiera acuerdo sobre las condiciones, supone una injerencia en toda regla. Hay que recordar que desde Aragón se había argumentado que la negociación debería ser en todo caso posterior al cumplimiento de la decisión de la Santa Sede. En segundo lugar, no podemos permitir la decisión de la Generalitat porque es indignante y roza, como decía Biel, la tomadura de pelo.

La resistencia del Obispo de Lérida al cumplimiento de las decisiones vaticanas exige que la Santa Sede ponga el final definitivo e inmediato al conflicto. Desde el PAR dijimos en su momento que éste es un asunto eclesiástico y no político; sin embargo, porque los acontecimientos han llevado a la situación actual poco deseable, nos encontramos en tan desagradable circunstancia. Desde mi partido no estamos dispuestos a vejaciones de este tipo. El asunto es serio y en Aragón escuece.

Supongamos que todos nos negáramos a acatar sentencias, a enmascarar cuando nos conviene la sinrazón para que parezca razonable y “políticamente” correcta, y a pedir lo que en conciencia sabemos que no es nuestro. Sería un caos, un desorden de tal magnitud que haría tambalear el sistema de valores y reglas al que democráticamente nos debemos todos para una convivencia justa y en paz. Pedimos lo nuestro con el aval del reconocimiento a nuestra razón, que se cumpla la justicia que ya está dictaminada.

El presidente de mi partido, José Ángel Biel, ha sido muy claro y contundente “la moción de la Cámara de Cataluña es indignante y pone en tela de juicio las relaciones que Aragón pueda mantener con esa comunidad vecina. Seguramente, habrá que dejar de mirar a la Eurorregión de Cataluña para empezar a velar por la del Valle del Ebro”. Cuando Biel, plantea la posibilidad de organizar una manifestación para reclamar los bienes, está ofreciendo una vía para que Aragón demuestre firmeza en la reclamación y exprese su indignación por los hechos. La defensa de la verdad, el acatamiento de los dictámenes de la justicia y la honestidad, no deberían ser burlados. Si así sucede y aceptáramos “el callar por no pecar”, nos estaríamos traicionando a nosotros mismos. Las connotaciones políticas que podría acarrear el conformismo podrían tener consecuencias futuras nada recomendables.