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El pasado mes de marzo de 2003, las Cortes de Aragón
aprobaron una iniciativa del Partido Aragonés, sobre participación de
nuestra comunidad autónoma en los Fondos de Solidaridad, concretamente
en el Fondo de Compensación Interterritorial. Se trataba de una
iniciativa excepcional, al pretender la modificación de una ley de las
Cortes Generales, pero su andadura no acababa en nuestro parlamento,
sino que alcanzaba al debate y aprobación en el parlamento nacional.
Hace escasos días, el 5 de octubre de este año, se aprobó un primer
trámite de toma en consideración en el Congreso de los Diputados. Y eso
nos llena de orgullo porque abre el camino para que Aragón pueda acceder
al FCI.
La finalidad que el PAR pretendía, y pretende es que se pueda corregir
la injusticia y discriminación que desde 1990 padece Aragón, al no
percibir ninguna cantidad ni del Fondo de Compensación Interterritorial
ni del objetivo I de los Fondos Europeos. La propuesta tenía un doble
apoyo.
En primer lugar, el apoyo jurídico de la Constitución, que considera la
solidaridad como idea fundamental cuyo objetivo es el desarrollo
armónico de los distintos territorios del país, en un clima de buena fe,
lealtad y colaboración entre el Gobierno central y las comunidades
autónomas. Su trascendencia financiera se encuentra en el artículo 158
del texto constitucional que ordena la creación de un Fondo de
Compensación con destino a los gastos de inversión para corregir
desequilibrios económicos interterritoriales entre las comunidades
autónomas. Evidentemente, habrá desequilibrio interterritorial cuando no
exista la debida proporción entre la población y el territorio. Ello es
precisamente lo que sucede en nuestra comunidad, donde existe una
densidad demográfica muy inferior a la nacional, comarcas que
constituyen auténticos desiertos demográficos, excesivos municipios y
una población envejecida, con muchos pueblos terminales, donde más de la
mitad de la población tiene una edad superior a 65 años.
Con el doble apoyo de la Constitución y de la realidad notoria y
flagrante, parecía indiscutible que la Comunidad Autónoma de Aragón
fuera beneficiaria inmediata del Fondo de Compensación Interterritorial.
Sin embargo, no fue así. La legislación de desarrollo de nuestra
Constitución arrinconó la idea fundamental de “desequilibrios económicos
interterritoriales” para utilizar el criterio de la renta per cápita.
Aragón, desde la ley de 1990, dejó de percibir fondos de solidaridad
nacionales con la excepción de una mínima cantidad para Teruel. La razón
de la exclusión era que disfrutábamos de una renta individual superior a
la media, lo que constituye una visión equívoca desde el punto de vista
financiero, ya que al ser tan pocos los aragoneses tocan a más en el
reparto de la riqueza monetaria. Pero un territorio no puede
conceptuarse como próspero o decaído, por los ingresos monetarios
individuales, sino además, y fundamentalmente, por la dotación de
equipamientos y servicios en educación, sanidad y vivienda con buenas
infraestructuras que faciliten la comunicación y el desarrollo.
En ningún momento el PAR y las Cortes de Aragón pretendían una situación
de privilegio, pero parecía que nuestra Comunidad Autónoma, por su
desequilibrio económico interterritorial, no debía percibir menos fondos
de solidaridad que los obtenidos por otras comunidades por el criterio
de la renta per cápita, como Valencia, Murcia, Castilla-León, etc. La
regla de la “renta per cápita” no puede considerarse como única y
excluyente para obtener fondos de solidaridad, sino que hay que acudir
complementariamente, al principio constitucional superior, que ordena
“corregir desequilibrios interterritoriales”. Además, y puesto que el
Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce en el artículo 48 la
singularidad de nuestra Comunidad Autónoma y la necesidad de atender a
la solidaridad interterritorial, procede, hasta que dicho artículo se
haga efectivo, atender a un mecanismo compensatorio e incluir a la
Comunidad Autónoma de Aragón, entre las beneficiarias del Fondo de
Compensación Interterritorial.
En definitiva, parece que la iniciativa del PAR, apoyada por las Cortes
de Aragón, va a permitir que se corrija una discriminación histórica y
que Aragón perciba fondos de solidaridad del mismo modo que otras diez
comunidades autónomas. La toma en consideración en el Congreso de los
Diputados por la casi totalidad de sus componentes, constituye una
excelente noticia. |
