La autonomía política requiere autonomía financiera. De lo contrario sólo se trata de un autogobierno nominal. Pensemos por un momento en una comunidad que dispusiera de parlamento, gobierno, bandera… pero no contara con otros recursos que los imprescindibles para sostener la estructura institucional y simbólica. ¿Qué autonomía sería? Ninguna. La capacidad de sus ciudadanos, a través de sus representantes políticos, para decidir por sí mismos las prioridades de su administración, de sus servicios públicos, de las inversiones para el desarrollo y el bienestar, sería nula. No habría autogobierno.

En un caso aparentemente absurdo pero no tan alejado de la realidad, encontraríamos a otra comunidad a la que fueran asignadas competencias, es decir responsabilidades en su territorio, sobre ámbitos esenciales como la Sanidad, la Educación, las carreteras… pero no contara con la posibilidad de obtener fondos suficientes para gestionarlas, para mejorarlas. La consecuencia sería todavía peor quizá que en el primer ejemplo, porque además de un autogobierno sólo nominal, éste sería sentenciado a fracasar ante los habitantes de ese territorio que, lógicamente, exigirían atención, acción y resultados a su institución autonómica.

Finalmente, si en un mismo país se dieran distintos niveles de financiación entre diferentes territorios, de forma que pudieran provocarse, en un período breve, desequilibrios entre la calidad de vida o las oportunidades de futuro de sus ciudadanos, en función de la comunidad donde residieran, habríamos llevado el sistema al colapso moral.

Las referencias explicadas son caricaturas de la situación actual o posible en España que, como en esas descripciones habitualmente humorísticas y gráficas, están vinculadas con la verdad y sólo deformadas en algunos rasgos.

Nos encontramos en circunstancias decisivas para este aspecto de la financiación -siempre demasiado árido o técnico- de la construcción inacabada de España como estado autonómico. Una tarea que no se basa únicamente es la justa reclamación de derechos o “hechos diferenciales”, sino que desde muchos puntos de vista, se fundamenta también en la eficacia de la administración hacia los ciudadanos y en hechos incontestables: España ha logrado un envidiado desarrollo desde 1982 hasta la fecha, por señalar un plazo asumible, y la descentralización y las comunidades autónomas algo habrán tenido que ver en cuanto a la creciente prestación de servicios públicos y en cuanto a las iniciativas para el progreso socioeconómico. España es mejor con las autonomías y hay que dotarlas de la financiación precisa para proseguir la tarea.

En este sentido, sus fuentes principales proceden de las transferencias de fondos desde el Estado y de la recaudación de impuestos propios. Las primeras dependen de una negociación en el momento de asumir la competencia que se traspasa y resultan difícilmente modificables. Lo hemos visto con la Sanidad, que ha necesitado medidas extraordinarias ante la acumulación de déficit y en la que Aragón reivindica mayores aportaciones tras comprobar que los cálculos iniciales no fueron correctos por parte del gobierno central anterior. Lo vemos con la Justicia, en la que esa negociación está resultando ardua en defensa de los intereses de Aragón.

En cuanto a los impuestos, en estos días se manejan y debaten diferentes porcentajes sobre el que supone mayor volumen -el IRPF- para que sean las comunidades quienes los recauden directamente y aumenten su financiación. Se trata de una opción evidente.

La discusión actual se centra en la posibilidad de incrementar ese porcentaje de impuestos para las autonomías, sustituyendo al Estado en esa labor, de manera que no suponga mayor carga para el ciudadano pero accedan a una financiación directa. La consecuencia más patente será que el Estado dispondrá de menos fondos para inversiones y servicios, y en su caso, para la llamada “solidaridad interterritorial”, esto es, que las zonas pobres se beneficien de mayores aportaciones que las ricas.

Por un lado, en Aragón ¿nos compensaría? Las cifras dicen en principio que sí, aunque habrá que aquilatar la cuestión, dado que nos encontramos en los últimos ejercicios en equilibrio como contribuyentes a esa “solidaridad”: pagamos tantos impuestos como inversiones recibimos o se realizan. Curiosa paradoja para una tierra tan necesitada de afrontar desafíos como la despoblación, las carencias de infraestructuras, el impulso al desarrollo… Por ello, desde el PAR y a través de las Cortes de Aragón, se ha logrado llevar hasta las Cortes Generales una propuesta de Ley para incorporarnos como receptores de los Fondos de Compensación, de los que estamos excluidos -mientras otros como Valencia perciben- por la mentira estadística que supone dividir la renta entre tan pocos habitantes, ignorando la necesidad de aplicar índices correctores por baja densidad demográfica, dispersión, extensión, envejecimiento, áreas de montaña… Sin embargo, esa propuesta permanece aún bloqueada por otros partidos.

Por otro lado, el “adelgazamiento” fiscal del Estado ¿es lógico?. Debe serlo si realmente se cree en la descentralización de España como método necesario y como fin positivo, siempre y cuando se garanticen mecanismos y euros solidarios. Negarlo es puro centralismo ya trasnochado.

Lamentablemente, este debate que debía ser sosegado, se ha visto perjudicado por demasiadas soflamas y por un procedimiento de maximalismos acerca de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Desde nuestra posición, si otros alcanzan un nivel de financiación superior al nuestro, podemos hacer dos cosas: o reclamar que se rebajen esos niveles para igualarnos a todos “por abajo”, en una clara involución, o reivindicar la igualdad “por arriba” hasta equipararnos. En el primer criterio se encuentran algunas formaciones políticas, y en el segundo, aquellos que, por ejemplo, pensamos y demostramos que la autonomía “funciona” bien para Aragón y los aragoneses, para España y los españoles.

¿Significa que la uniformidad es imprescindible y tiene que ser consagrada a toda costa? Creo que no, sencillamente porque cada comunidad tiene la alternativa de decidir libremente hasta dónde quiere llegar en su autonomía, en todo caso siempre dentro del marco de la Constitución y de la inexistencia de privilegios. A menos autogobierno, menor financiación, sin que eso rompa España ni otorgue ventajas. Al tiempo, habrá que valorar otros factores, como los derivados de esos factores específicos que ya he apuntado respecto a Aragón, con mayor expectativa de futuro pero en inferioridad en el presente.

Hoy ya existen diferencias, contempladas en las leyes orgánicas que son los estatutos, que no han motivado cataclismo alguno ni en su aplicación, ni cuando fueron formuladas.

Aparte de la anomalía que nadie cuestiona de los dos territorios forales (Navarra y País Vasco) con plena gestión de su Hacienda, Aragón dispone de previsiones en el Estatuto de 1996, que deberían concedernos mayores posibilidades de financiación. Me refiero al famoso artículo 48, que señala una relación “bilateral” con el Estado; a la llamada “deuda tributaria”, es decir, la obligación legal del Estado para compensar a la comunidad por las rebajas en impuestos que decide Madrid, pero afectan a la recaudación de nuestro gobierno, y que me niego a llamar “deuda histórica” porque esto es otra cuestión de la que somos también acreedores; y finalmente a la disposición que reconoce la foralidad de Aragón, excepcional entre las comunidades.

Nada de esto se ha cumplido o desarrollado porque los dos grandes partidos se han sucedido en el gobierno central y en la negativa que ha conducido a plantearse recursos en los tribunales respecto a una “deuda” que por ejemplo, Andalucía ha cobrado y que el PAR ha logrado, al menos, forzar una negociación para Aragón.

Bajo estas premisas, nos encontramos en pleno proceso de reforma de nuestro Estatuto. De la financiación y su planteamiento, dependerá en buena medida nuestra autonomía, toda vez que tenemos superadas otras disquisiciones o definiciones como nuestra ya reconocida consideración de nacionalidad histórica. Tenemos que ser ambiciosos, pero a la vez conscientes de que finalmente va a depender de nuestra propia fuerza para mover la voluntad del gobierno central que logremos las metas propuestas. ¿Por qué no plantearnos un sistema de “cupo” o similar, si se ha demostrado que es más eficaz y si ya está reconocido ese derecho a la foralidad en nuestro Estatuto? Hay que hacerlo pese a los obstáculos, quizá insalvables, pero sea cual sea la solución final, Aragón exige y requiere un trato justo. Lo lograremos. En ese empeño, el compromiso inequívoco del PAR hacia esta tierra, como está ratificado por las iniciativas expuestas más arriba y por otras, es un activo indudable que los aragoneses sabrán sin duda valorar y potenciar.