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Una de las principales preocupaciones que tenemos la
mayoría de los ciudadanos europeos es la conservación del medio ambiente.
Al mismo tiempo, deseamos cada vez mayor progreso y desarrollo en nuestros
territorios o, cuando menos, no queremos renunciar a mantener el nivel de
bienestar de que disfrutamos. En consecuencia, en lo que se coincide es en
la necesidad de hacer compatible el desarrollo con la preservación del
entorno, y en que el lógico aprovechamiento de nuestros recursos naturales
no deje en herencia a las generaciones futuras la carga de una hipoteca
medioambiental. Pero ¿es eso posible?
El Principio I de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, adoptada por los gobiernos participantes en esta cumbre de las
Naciones Unidas celebrada en 1.992, proclama que “los seres humanos
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible y tienen el derecho a una vida saludable y productiva en
armonía con la naturaleza”.
Sin duda, desde entonces las políticas que impulsan los distintos
gobiernos o administraciones tienden cada vez más a procurar que esa
compatibilidad sea posible. La preocupación medioambiental ya no es una
moda. Es un concepto imprescindible en cualquier actividad económica y
tiene mucha repercusión en distintos ámbitos: en el conjunto de la
sociedad, en la prensa y, por supuesto, en el plano político. De ahí el
impulso que han tomado importantes iniciativas ligadas con el desarrollo
sostenible.
Lo cierto es que en muchas ocasiones es demasiado fina la línea que separa
a las actuaciones de desarrollo respetuosas con el medio ambiente de
aquéllas que no lo son. Por eso, las instituciones se encuentran a menudo
con dificultades a la hora de gestionar determinados proyectos, tanto los
referidos al desarrollo sostenible, por ejemplo al tratar de poner en
marcha actuaciones como la Agenda 21 en los municipios, como al tener que
tramitar implantaciones industriales, diseñar nuevas infraestructuras o
autorizar aprovechamientos de recursos naturales.
A la vista de ello, es preciso que la balanza que mida el equilibrio entre
el desarrollo y el medio ambiente funcione objetiva y ecuánimemente. El
juego de pesas que dé fiabilidad a la balanza no puede ser otro que el
marco jurídico-legislativo con que se ha dotado la sociedad.
Ese conjunto de normas y leyes que rigen –o las que se promulguen en el
futuro- tiene que servir para evitar que determinados proyectos de
desarrollo se vean sometidos continuamente a un debate estéril. Hay que
eludir los grandes debates, que arrojan casi siempre resultados baldíos,
pues las posiciones enfrentadas pueden provocar efectos indeseados, desde
frenar el desarrollo hasta propiciar actuaciones negativas para el medio
ambiente. La legislación y las prescripciones medioambientales son el
instrumento objetivo y concreto al que nos tenemos que remitir siempre en
aras de evitar entrar en debates que no conducen a ninguna parte y poder
compatibilizar naturaleza y desarrollo. |
