1. Las familias en la sociedad aragonesa
La familia es el ejemplo
más básico de organización social. Es la representación del sistema
natural básico de convivencia, la primera expresión de solidaridad que
percibimos las personas y el primer lugar donde se construye la
identidad individual y social en nuestro recorrido vital.
La Real Academia la define como:
Un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas.
En sentido técnico jurídico la familia es:
El conjunto de personas entre las cuales median relaciones de matrimonio
o parentesco (cosanguinidad, afinidad o adopción) a las que se les
atribuye algún efecto jurídico.
Entre las distintas
definiciones teóricas destacamos la que concibe a la familia como:
La unión de
personas que comparten un proyecto vital de existencia común, que se
quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de
pertenencia a dicho grupo, en el que existe un compromiso personal entre
sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad,
reciprocidad y dependencia. (RODRIGO, M.J.)
Las familias de hoy se
caracterizan por una gran pluralidad y diversidad en su tipología y por
la evolución de la forma de vivir de sus miembros. No es sino el eco de
los cambios que ha experimentado la sociedad en los últimos tiempos.
Hasta hace unos años, la
familia tradicional (nuclear-conyugal de padres/hijos y marido/mujer)
era la más frecuente, la considerada “normal” y a la que se le otorgaba
el calificativo de “estado natural”. Sin embargo, en la actualidad es
evidente que esta tipología de familia tradicional está perdiendo
protagonismo frente a otras formas, fruto de la evolución de ambas
dimensiones que constituyen la familia (de progenitura o vertical y de
pareja u horizontal). Hoy se puede vivir solos, en pareja legalmente o
no, casarse personas del mismo o distinto sexo, separarse, divorciarse,
procrear o adoptar individualmente o en pareja… con total naturalidad.
La sociedad aragonesa,
lógicamente, participa de estos cambios sociales. Ante la evidencia de
una realidad tan significativa como la que nos ofrecen datos como:
- El 65% de los hogares
están formados por matrimonios o parejas estables no casadas con o sin
hijos.
- El 22% son hogares
unipersonales. En la mitad de los casos se trata de personas mayores de
65 años.
- El 11% son familias
monoparentales. Tres de cada cuatro de ellas son las llamadas
“monomarentales”, es decir, mujeres con hijos
- En torno al 12% de los
matrimonios que anualmente se celebran en Aragón constituyen familias
reconstituidas. A este dato hay que añadir que la mayoría de parejas que
se forman procedentes de una separación o divorcio deciden no repetir el
trámite matrimonial.
La incorporación de la
mujer a la vida laboral, la tardía emancipación de los jóvenes, la
emergencia de nuevos agentes socializadores y los cambios de roles
desempeñados por los miembros de la familia y su forma de vivir en la
sociedad actual definen nuevos modelos de entramados y dinámicas
familiares, a lo que hay que dar respuestas adecuadas, plurales y
novedosas.
Además, los últimos
avances legislativos han supuesto el reconocimiento de la
transformación del concepto de familia. El nuevo contexto social y
legal son producto del desarrollo de los principios de libertad y
solidaridad.
A pesar de la tendencia
de las familias a tener un solo hijo, no debemos olvidar a las familias
numerosas (tres o más hijos). Evidentemente, un número mayor de hijos,
supone un esfuerzo superior, y es necesario que esta situación sea
tenida en cuenta por las políticas sociales dirigidas a las familias,
además de que por ello reciban un apoyo económico. En una Comunidad
Autónoma en la que la despoblación es uno de sus mayores riesgos,
debemos favorecer el aumento de la natalidad.
Lejos de estar en crisis
como se venía augurando desde determinados sectores, la familia está en
alza. Según un estudio del CIS de 2002, la familia es la institución más
valorada por las personas. Las personas jóvenes, del mismo modo,
confirman en este estudio que la familia es uno de los valores más
importantes en sus vidas.
Todos los miembros de la
familia tienen una conciencia de pertenencia a este grupo social básico
(la convivencia, la tenencia del mismo apellido, la pertenencia a la
tradicional “Casa aragonesa”, las reuniones periódicas de determinadas
celebraciones… son algunos ejemplos de ello).
La familia, a pesar de
su evolución, sigue siendo en nuestra sociedad una organización
fundamental para el desarrollo integral de las personas a lo largo su
vida. Desempeña funciones fundamentales desde dos perspectivas:
a) Educativa.
La familia como grupo de socialización, como contexto en el que los
nuevos miembros descubren el mundo, aprenden a relacionarse,
interiorizan valores y adquieren los instrumentos básicos para su
desarrollo personal y para llegar a ser autónomos.
b) Asistencial, de cuidado y protección. La familia puede ser el ejemplo
más claro de la solidaridad entre personas y entre generaciones,
protegiendo y cuidando a sus miembros por diversas razones a lo largo de
la vida: menores, parados, con discapacidad, mayores, enfermos…
Desde el PAR, entendemos
la familia en un sentido global, asumiendo su pluralidad y la amplitud
de sus formas y funciones, otorgándole la relevancia que real y
potencialmente posee, sabiendo que hablar de familia significa hablar de
personas, y en consecuencia:
1. Consideramos a la familia como uno de los pilares básicos de nuestro
proyecto político, dado que constituye una institución fundamental para
el desarrollo y logro del bienestar de las personas.
2. Apostamos por el apoyo y promoción de las familias en sus diversas
formas legales, de tal modo que puedan desempeñar sus funciones de
educación y protección en el entorno de la sociedad actual, así como
favorecer la superación de desigualdades, de acuerdo con las necesidades
y peculiaridades de cada estructura familiar.
3. Defendemos un modelo de familia amplio y abierto, que haga compatible
la construcción de la personalidad e individualidad de sus miembros con
la socialización y la formación en valores, la pertenencia a una
comunidad y el cuidado o solidaridad mutua.
 Índice
2. Políticas integrales para las familias
Durante las tres últimas
décadas la familia no ha estado de moda en el discurso político de
nuestro Estado. Debido a la herencia del franquismo que promovió el
apoyo a un modelo de familia tradicional muy concreto, el propio término
adquirió connotaciones de conservadurismo que provocaron el rechazo a
hablar de políticas de familia en diversos sectores y organizaciones.
No tiene ningún sentido esta percepción, las políticas de familia
son más o menos progresistas o conservadoras en función de cómo
concibamos la realidad social familiar y el modelo que pretendamos
promocionar. Muestra de ello es que en países europeos con diferentes
ideologías gobernantes han puesto en marcha políticas decididas de apoyo
a la familia.
En España se está
comenzando ahora a aplicar políticas de familia. Aragón es un claro
ejemplo en el que, gracias al compromiso del PAR, existe un departamento
dedicado a ella y una dirección general específica, se ha aprobado el
Plan Integral de Apoyo a las Familias y se están desarrollando líneas de
actuación en este sentido.
La familia atraviesa de
una u otra manera toda la realidad social. Las políticas de familia no
pueden concebirse como algo sectorial o específico, sino transversal e
integral.
En los últimos años se
han puesto en marcha medidas de apoyo a las familias desde diferentes
ámbitos sectoriales, pero creemos que aún queda mucho por hacer. Desde
las políticas de vivienda, educación, empleo, economía, servicios
sociales, industria, turismo… se debe asumir la realidad familiar como
uno de sus ejes implícitos en la totalidad de sus acciones, al igual que
ha sucedido con la igualdad entre mujeres y hombres o con el respeto al
medio ambiente.
La inversión que se
destina a las políticas de familia dista mucho todavía de la media
europea y de la que consideramos idónea. Una sociedad desarrollada y
avanzada debiera destinar aproximadamente el 2,2% del PIB al apoyo,
protección y promoción de la familia. Es la apuesta de futuro que
hacemos desde el PAR, teniendo en cuenta que en la actualidad se destina
aproximadamente menos de un 0,8% y el compromiso hasta 2009 según el
Plan recientemente aprobado asciende a un 1,3%.
A este respecto:
4. La familia está presente e inmersa en gran
parte de la realidad social, por lo que proponemos una política de
carácter global y transversal, que dé respuestas desde una
perspectiva integral a las complejas, cambiantes y diversas
necesidades que viven las familias aragonesas.
5. La inversión de los poderes públicos en la familia debe aumentar
progresivamente hasta alcanzar el 2,2% del PIB en España y Aragón,
para lo que urge, además, una mayor coordinación, cooperación y
compromiso entre las diferentes administraciones públicas.
6. El PAR seguirá apoyando y fomentando el desarrollo y la
actualización de nuestro Derecho Foral o Civil, al objeto de
conseguir una normativa jurídico-privada más eficaz y adecuada al
momento que vivimos, tal y como hasta ahora ha realizado presentando
y aprobando (a través del Gobierno de Aragón y de las Cortes de
Aragón) las leyes de Derecho de la Persona, Sucesiones[1]
y de Régimen Matrimonial y Viudedad.
Índice
3. Educación e igualdad de oportunidades
El ser humano es el único capaz de perfeccionarse, de
educarse. A la familia y al sistema educativo fundamentalmente, así como
a otros agentes socializadores (medios de comunicación, educadores no
formales y sociedad en general), les corresponde coordinarse y
complementarse para cumplir esa misión: enseñar conocimientos y
destrezas o habilidades personales, pero sobre todo transmitir valores
positivos, democráticos y coherentes y facilitar la integración social y
el fomento de la autonomía de la persona. La educación condiciona el
futuro de la persona. Por un lado, favorece el mayor o menor número de
oportunidades de que dispondrá. Por otro, posibilita un acceso igual o
desigual a esas oportunidades por parte de las personas. Es, a un
tiempo, herramienta de desarrollo y equidad. Además, influye en la
definición de la personalidad y del sentido de pertenencia a la
comunidad, así como en el éxito o fracaso del individuo en el desarrollo
de su proyecto vital.
La educación en la actualidad hay que concebirla en
un sentido amplio. Va más allá del sistema educativo propiamente dicho;
debe abordarse desde todos los ámbitos con influencia educadora y
entender que no se puede restringir a un período evolutivo concreto sino
que ha de favorecerse a lo largo de toda la vida.
Desde esas convicciones, el PAR cree que la educación
de los aragoneses es un gran proyecto social, dado que en ella se juegan
gran parte de las oportunidades profesionales o sociales de nuestros
jóvenes (elección de centro y estudios, adecuar las titulaciones al
mercado laboral y a la realidad de la economía…) y de la cultura social
(igualdad entre sexos y personas, respeto a los principios democráticos,
identidad aragonesa, actitud hacia otras culturas…).
La educación básica de la población es un bien
público que no puede dejarse al albur de la iniciativa y posibilidades
de cada uno de los individuos y, por lo tanto, las administraciones
tienen el deber y el derecho de garantizarla a todos los ciudadanos.
Todos los aragoneses, con independencia de su contexto social,
económico, cultural y geográfico tienen derecho a acceder en igualdad de
condiciones a la mejor educación posible. En el medio rural las personas
encuentran un entorno con menos recursos para lograr esa igualdad en el
acceso a la educación, algo que los poderes públicos deben paliar.
Apostamos por el aprovechamiento de los recursos de
que disponemos, creyendo en la complementariedad y convivencia de las
redes de centros educativos de iniciativa pública y privada. La
educación es un servicio público que puede prestarse mediante fórmulas
diversas, con el objetivo fundamental de que éste sea ofrecido a los
aragoneses con la máxima calidad y adecuándose a las necesidades del
alumnado con independencia de su procedencia o de su contexto social.
Apostamos, igualmente, por el fomento de la autonomía de los centros,
partiendo de unos criterios comunes claros, pero sabiendo que cada
centro está inmerso en una realidad social determinada y requiere de
fórmulas flexibles para responder a la misma.
Por tanto,
7. Invertir en educación asegura el futuro de
Aragón. Por eso, reafirmamos el compromiso de destinar a la
educación el 8 % del Producto Interior Bruto, aumentando y mejorando
medios humanos y materiales, así como promover que ningún aragonés
se vea obligado a salir de la Comunidad para estudiar o trabajar.
8. Dado que con la educación se juegan muchas de
las oportunidades de vida, apostamos por asegurar que los aragoneses
accedan a ella en condiciones de igualdad mediante un sistema donde
convivan y compitan los centros, sean públicos o privados, y
estableciendo fórmulas que faciliten el acceso de los alumnos más
desfavorecidos (por razones económicas, procedentes del medio rural,
inmigrantes, con necesidades educativas especiales…).
Índice
4. El empleo y la vivienda
Pese a la época de crecimiento económico y al papel
jugado en él por la construcción, el empleo y la vivienda se han
convertido desde hace unos años en las principales preocupaciones de los
aragoneses, hasta el punto de ser la causa principal de que se haya
retrasado la fecha de emancipación familiar y, por tanto, de su
independencia personal. La precariedad de muchos de los empleos a los
que acceden los jóvenes y el encarecimiento del precio de la vivienda
han hecho imposible que muchos de ellos ni siquiera hayan podido
plantearse el acceso a la propiedad de una vivienda, sin que ese
problema haya sido compensado mediante un mercado de alquiler que es
demasiado reducido.
Para el PAR, el empleo y la vivienda constituyen un
reto conjunto, porque así lo viven las familias aragonesas y nuestros
jóvenes. Además, su resolución tiene mucho que ver con que los jóvenes
puedan formar su propia familia, por lo que se hace necesario un impulso
hacia un modelo de desarrollo territorial desconcentrado, equilibrado y
sostenible, en el que la emigración no sea la solución obligada para los
aragoneses. Por eso queremos extender la creación de empresas o el
desarrollo y la política de vivienda protegida o social a lo largo de la
Comunidad, no sólo en Zaragoza, su entorno metropolitano u otras
ciudades, estableciendo medidas que fomenten el empleo rural y
disminuyan la despoblación del territorio. Apostamos también por
políticas públicas más decididas para disminuir el alto precio de la
vivienda y acabar con la especulación urbanística, así como consideramos
necesario impulsar medidas que posibiliten el acceso a la vivienda de
todos los grupos sociales, especialmente los más desfavorecidos.
A ese respecto,
9. Las familias aragonesas y sus componentes sienten el empleo como una
de las principales preocupaciones sociales. Para ello, el PAR trabajará
por mejorar las condiciones de empleo de los aragoneses/as,
estableciendo medidas contra la precariedad laboral y la temporalidad,
para los colectivos con mayor dificultad para encontrar trabajo (grupo
de primer empleo, mujeres, mayores de 45 años, personas con
discapacidad, inmigrantes), la formación laboral y su actualización o el
fomento del autoempleo.
10. Dentro de un modelo desconcentrado, equilibrado y sostenible de
desarrollo, propiciaremos que la actividad económica se extienda a lo
largo de toda la Comunidad, igual que la política de vivienda
protegida de Aragón o el régimen de alquiler.
11. De la misma forma, el PAR fomentará soluciones específicas que
favorezcan y faciliten el acceso a la vivienda a todos los grupos de la
población, especialmente los más necesitados, a través de políticas de
fomento de la vivienda de protección, de discriminación positiva para
personas con discapacidad y jóvenes que acceden por primera vez, la
modificación de la ley del suelo, o cualquier otra medida de carácter
legislativo que frene la especulación urbanística, el alto precio de la
vivienda y que, a su vez, fomente la practica del alquiler.
Índice
5. Las políticas de igualdad
Convertir la igualdad
constitucional en vida cotidiana sigue siendo especialmente difícil en
una sociedad compleja como la nuestra. De hecho, en Aragón el paro
femenino todavía es muy superior al masculino, casi en situación de
pleno empleo. La mujer destina a la casa familiar cinco horas al día,
mientras que el hombre no pasa de dos. El número de mujeres que
finaliza estudios universitarios supera al de hombres, pero en puestos
de decisión y dirección es muy inferior. A eso cabe sumar las nuevas
formas de acoso escolar y laboral o la aparición de bolsas de pobreza y
de guetos urbanos o de pandilleros, así como colectivos con
dificultades de integración social por diversas causas; en suma el
aumento de excluidos o en riesgo de exclusión.
La discriminación
positiva se viene utilizando desde hace ya tiempo para avanzar hacia la
igualdad. Asimismo, se han efectuado determinados cambios legislativos,
iniciativas de carácter educativo o ambiciosos planes de conciliación.
Seguir avanzando en todo ello es necesario, pero se viene demostrando
que es insuficiente (como ejemplo la ley contra la violencia doméstica[2])
o que a menudo se queda en un experimento de las administraciones
públicas. En esta sociedad en la que vivimos siguen existiendo ciertas
desigualdades e injusticias, lo que constituye un reto para quienes
apostamos por un capitalismo moderado y por el principio de que todos
somos diferentes pero iguales.
Especial mención hay que
hacer, cuando hablamos de políticas de igualdad, a las medidas de
conciliación de la vida familiar, laboral y personal para mujeres y
hombres. Se torna imprescindible que se continúe fomentando dicha
conciliación y que para ello se comprometan administraciones y agentes
sociales, dirigiéndose tanto a hombres como a mujeres. (Flexibilidad de
horarios laborales, escuelas infantiles y casas canguro, formación,
bajas de maternidad y paternidad…).
Por tanto,
12. Las sociedades
complejas multiplican la pluralidad social, pero eso no debe ser
sinónimo de desigualdad. No es tolerable la desigualdad en ningún ámbito
por razón de sexo, raza, clase social o cultura y apostamos por
políticas integrales para lograr una sociedad más justa.
13. El PAR estima que el
establecimiento de medidas a favor de las políticas de igualdad favorece
a la institución familiar y, por ende, a sus miembros. En relación con
la igualdad todavía pendiente en la práctica entre hombre y mujer, el
PAR apuesta por el establecimiento de la perspectiva de género en todas
las acciones de gobierno.
14. La igualdad ha de
alcanzar todas las relaciones sociales y de poder, además de que urge
replantearse el Estado del Bienestar en un marco de capitalismo
distributivo más justo para todos.
Índice
6. La juventud
La definición del término “juventud” es, hoy en día,
algo complejo. Si tomamos como referencia la edad comprendida entre los
14 y los 30 años, los procesos y las situaciones en las que están
inmersos estos jóvenes son, a su vez, múltiples y diversos. A ello hay
que sumar que esta horquilla debe ampliarse cuando hablamos de
determinadas políticas, fundamentalmente las dirigidas a la
emancipación.
El PAR cree firmemente en los jóvenes como activo de
presente y apuesta de futuro para nuestra tierra. Como muestra de ello,
desde su presencia en el Gobierno de Aragón, impulsó la creación y
puesta en marcha del Instituto Aragonés de la Juventud, se ha aprobado
el Plan de Juventud 2005-2008 y la Ley de Juventud entrará en vigor en
breve.
Por todo ello:
15. El PAR apuesta por
nuestra juventud. Apoyamos a los/as jóvenes de Aragón y confiamos en
ellos/as, sabiendo que el desarrollo de esta tierra está directamente
ligado a que nuestras generaciones más jóvenes alcancen su plena
autonomía, una óptima formación integral y el arraigo a una Comunidad de
oportunidades.
16. Nos comprometemos
con la efectiva puesta en marcha de medidas que fomenten la emancipación
de los jóvenes, especialmente en cuanto atañe al acceso a la vivienda y
a un empleo digno.
Índice
7. Las familias y las personas
en situación de dependencia
Tradicionalmente la
dependencia se ha gestionado internamente en las familias debido
fundamentalmente a la falta de políticas públicas dirigidas a las
personas en situación de dependencia, cuya tasa de incidencia es cada
vez mayor porque la esperanza de vida es más alta y hay una mayor
supervivencia a accidentes y enfermedades. Pero los cambios familiares
que se vienen produciendo (familias menos extensas, movilidad geográfica
en busca de empleo, la mayor incorporación de la mujer a la vida
laboral, el tamaño reducido de las viviendas…) hacen que cada vez
haya más dificultades para ejercer esa labor. Ese cuidado terminaba
constituyendo un problema para los individuos y para sus familias, pero
resultaba poco visible para el resto de la sociedad, pese a las graves
consecuencias que para los familiares puede llegar a tener la
exclusividad de los cuidados en términos de tiempo —especialmente
femenino pues no hay que olvidar que el 85% de los cuidadores familiares
son mujeres—, de costes en relaciones, en actividades abandonadas, en
oportunidades perdidas —incluso laborales—, y también sobre su propia
salud.
En el PAR hacemos de la
política social uno de nuestros principios ideológicos y de
gestión; por eso consideramos positivamente y apoyamos la creación del
nuevo Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que va a
beneficiar no solo a las personas en situación de dependencia sino que
sus efectos van más allá y llegan a todos aquellos que se ocupan de su
atención, sobre todo a sus familiares.
A ese respecto,
17. Las
instituciones públicas han de asumir la responsabilidad que les
corresponde con las personas en situación de dependencia y sus familias
y preocuparse y ocuparse de cubrir, en la medida de lo posible, las
necesidades que supone la atención a la dependencia (eliminación de
barreras arquitectónicas y sensoriales, incremento de recursos
asistenciales como centros de día, residencias, ayuda a domicilio…)
contando con la participación de la iniciativa social y la iniciativa
privada.
18. Apostamos por
la implicación de todas las administraciones públicas en la gestión de
los servicios sociales de forma que los ayuntamientos y comarcas sean
también protagonistas en su planificación y prestación por ser los más
próximos a la realidad que se desea afrontar.
19. Debemos
vigilar y exigir que nuestra realidad territorial (envejecimiento,
dispersión geográfica y despoblación) sea siempre tenida en cuenta por
el Estado a la hora de la financiación y de la distribución de los
recursos.
Índice
8. Convivir en la sociedad interculturaL
Este curso se han
matriculado en centros escolares aragoneses alumnos procedentes de 114
países distintos y en los últimos diez años el alumnado inmigrante se ha
multiplicado por 16 hasta suponer ya el 9 % del total. Pocos datos mejor
que éste prueban el creciente carácter multicultural de la sociedad
aragonesa. Los últimos barómetros publicados por el Gobierno de Aragón
apuntan que, para los aragoneses, la inmigración es el primer problema
de España y el tercero de nuestra Comunidad, tras el paro y la vivienda.
Partiendo de esta realidad, es necesario establecer medidas que fomenten
la plena integración de los ciudadanos inmigrantes.
Más allá de su innegable
valor económico, la inmigración es una realidad social y cultural que ya
está modificando la vida de muchos aragoneses. En el PAR siempre hemos
defendido la igualdad en derechos y deberes de cuantas personas deciden
vivir en Aragón. El respeto a la diferencia y la igualdad ante la ley
están en la base de nuestro ideario y guían nuestra actitud ante la
inmigración. Queremos una sociedad cohesionada, sin violencia,
tolerante, respetuosa, con sentido de pertenencia a la comunidad, pero
también democrática dentro del Estado de Derecho. Nos sentimos lejos del
multiculturalismo radical, concebido como un conglomerado de culturas
que únicamente comparten el lugar en el que viven, porque las
diferencias culturales o religiosas y las conductas sociales han de
llegar hasta donde permite la ley y hay que encontrar el equilibrio
entre el respeto a la diferencia y la convivencia y sentido de
pertenencia a una misma comunidad partiendo de esas diferencias.
Por tanto,
20. Asumimos la inmigración como una realidad social que está
transformando la vida de los aragoneses y que las instituciones públicas
han de gestionar responsablemente, favoreciendo los derechos, las
obligaciones y las responsabilidades de todos los ciudadanos, de forma
que no se ponga en peligro la cohesión interna y la calidad democrática
de la sociedad.
21. Nos sentimos lejos del multiculturalismo radical, porque disuelve los
elementos comunes en las diferencias particulares: creemos en la
convivencia intercultural a partir del derecho a la diferencia y la
igualdad ante la ley y el Estado de Derecho.
Índice
9. La libertad y la seguridad de las personas
En el marco del estado
nación, sobre todo en etapas de democracia no consolidada, la libertad
constituía uno de los derechos ciudadanos básicos. En el horizonte de
las sociedades complejas de hoy, esa preocupación se ha trasladado hacia
la seguridad, en gran parte como consecuencia del incremento de la
tensión y la violencia social. Sin embargo, Aragón no tiene competencias
ni recursos en materia de seguridad ciudadana y, por tanto, el Gobierno
autonómico no está en condiciones de garantizar la seguridad de sus
ciudadanos. Esa competencia sigue en manos del Gobierno Central, pese a
que en otras autonomías esa responsabilidad es más o menos compartida
con las Comunidades.
En uno de los últimos
barómetros de Aragón se preguntó sobre qué administración pública
creían que debería gestionar la competencia de seguridad; el 44 % optó
porque fuese el Gobierno de Aragón. Este dato sorprende porque, cuando
el PAR ha propuesto una policía autonómica, se ha dudado de que eso
fuera una necesidad social. Algo ha cambiado en la sociedad aragonesa,
quizá por el crecimiento de los delitos en las ciudades y los hurtos o
robos en muchas zonas rurales de Aragón, para que los aragoneses
sientan amenazada ahora su seguridad personal y esperen que sea la
Comunidad Autónoma quien asuma esa responsabilidad de protección.
En consecuencia,
22. El Gobierno de
Aragón ha de disponer de su propia política de seguridad ciudadana, en
colaboración con la Administración Central y con los ayuntamientos, para
que los aragoneses no sientan en peligro su libertad ni su seguridad
personal.
23. Apostamos por crear una policía autonómica que se
despliegue de forma progresiva por el territorio de la Comunidad,
empezando por aquellas comarcas donde más han aumentado las denuncias
por violencia, robo u otros delitos.
Índice
[1]
Cabe
señalar que en Aragón se ha ido reduciendo el Impuesto de
Sucesiones por impulso del PAR y que apostamos por su total
supresión.
[2]
Por eso, el
PAR acaba de impulsar en el Gobierno de Aragón la Ley de
prevención y protección integral a las mujeres víctimas de
violencia, con el objetivo de regular ámbitos que la Ley estatal
ha obviado.
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