La diputada del PAR, Elena Allué denuncia la discriminación del grupo de funcionarios A2 por parte del Gobierno de Aragón, que ha “confinado sus derechos”, y pide a la DGA, a través de una PNL, que se resuelva “esta discriminación” que afecta a la hora de acceder a determinados puestos reservados al grupo A1, siendo que para ambos se exige la misma titulación universitaria.
Dicha discriminación afecta 20.000 trabajadores antiguamente denominados diplomados universitarios: enfermeros, trabajadores sociales o fisioterapeutas ocupacionales, entre otros.

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