El Partido Aragonés (PAR) apoyará la reforma de Sucesiones pero pide que se aplique ya este año y se acuerde un calendario que incremente la rebaja del impuesto hasta 1000.000 euros en 2019 y se bonifique al 99% en 2020.
Elena Allué ha instado a Lambán a sentarse con el PAR antes de aprobar el proyecto.
El Grupo aragonés (PAR) en la Hoya de Huesca ha difundido su valoración tras el pleno comarcal en que fue debatida y aprobada una propuesta del Partido Aragonés contraria a los planteamientos de reforma electoral que reduzcan la representatividad de Aragón en las Cortes generales. Sin embargo, la proposición contó con el rechazo de varios grupos y el PAR de la Hoya entiende que esa postura deja en evidencia a esas formaciones, “sus prioridades y obediencias”. En la misma sesión, se abordó la cuestión del impuesto de sucesiones, ante la que el PAR reafirmó su defensa de la supresión.
El Partido Aragonés (PAR) plantea para la modificación del impuesto de Sucesiones la bonificación del 99% entre cónyuges y entre padres e hijos, igual para viudas o viudos para el usufructo y que no se liquide la fiducia aragonesa hasta que no se hayan determinado los herederos y se haya hecho efectiva la herencia.
Aliaga ha reiterado que el impuesto de Sucesiones “es injusto” y que trabaja y trabajará para que sea eliminado en Aragón. El líder del PAR ha explicado que el objetivo de la propuesta es la reducción de la carga impositiva que soportan los aragoneses con el impuesto “mucho más alta que en otras comunidades autónomas”.
Con el salón de actos lleno, se abordaron las diversas figuras de sucesiones de Derecho Foral Aragonés, así como la incidencia del impuesto de sucesiones y el de plusvalía
El grupo municipal del PAR ha presentado una propuesta para que no existan agravios comparativos con otras Comunidades autónomas en el pago de este impuesto.
La diputada portavoz del PAR en la materia, Elena Allué, pide, a través de una propuesta, la convocatoria
de una Comisión que analice la aplicación del Impuesto en las CCAA y derive en “mejoras justas” para Aragón dada la aplicación “lesiva” que soportan los aragoneses con respecto a otros territorios.
La ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, modificó los beneficios a los que tenían derecho las personas que viven en Aragón agraviando su posición con respecto a otras Comunidades Autónomas.