Constitución en plena vigencia

Los actos que a lo largo de la próxima semana, conmemoran el aniversario del referéndum que ratificó la Constitución española en 1978 alcanzan un significado especial en las actuales circunstancias y suponen además una ocasión muy oportuna para reafirmar sus valores, que el PAR defiende con convicción y rotundidad.

La capacidad de concordia y compromiso que alumbró la Carta Magna, el reconocimiento de los derechos fundamentales y también deberes de los ciudadanos, el sometimiento de todos al imperio de la Ley en un Estado social y democrático de Derecho o la diversidad territorial de España, con el autogobierno de las comunidades autónomas en unidad solidaria, son algunos ejemplos de los pilares sobre los que se asienta nuestra Constitución, tan firmes que han propiciado el período más prolongado de progreso y paz de toda la Historia y se proyectan hacia el futuro.

En este sentido, antes que una posible reforma desaconsejada por un panorama político polarizado y carente del imprescindible clima de diálogo y entendimiento, sería preciso profundizar en el desarrollo de todas las previsiones constitucionales, que incluyen -como hemos dicho- el autogobierno de las comunidades, cuyos estatutos de autonomía emanan de la propia Constitución.

De esa forma está repetidamente señalado en el Estatuto de Aragón y expresamente en aquellas disposiciones con mayor potencial: nuestra consideración de nacionalidad, los derechos de los aragoneses en relación con el agua, las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas, la encomienda de gestión de las obras de interés general, el acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado o la vigencia de los derechos históricos de Aragón, remiten a la Constitución. Así mismo, la Comisión Bilateral de Cooperación se corresponde estrictamente al espíritu de acuerdo y colaboración que la preside.

Profundizar en la Constitución y sus valores así como desarrollar el Estatuto para fortalecer el autogobierno son propuestas que el PAR plantea no sólo en un marco político e institucional, sino también y especialmente como las herramientas más eficaces para luchar contra los peores efectos de la crisis económica y social sobre las personas y las familias, e impulsar un nuevo período de prosperidad y bienestar.

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