Huesca, 27 de mayo de 2017.- El Partido Aragonés mantiene su actividad institucional para la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Aragón. En esta oportunidad, el Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación de Huesca ha presentado y defenderá, en el próximo pleno provincial de este jueves, una propuesta de resolución cuyo primer punto plantea un acuerdo de la DPH para instar al Gobierno de Aragón “a la reducción progresiva” del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, “hasta alcanzar la bonificación del 99 por ciento del mismo y su supresión de hecho”. Con ese objetivo, el PAR propone además, la convocatoria por parte del gobierno de “la comisión de estudio aprobada en las Cortes de Aragón, para analizar la aplicación de dicho impuesto en todas las comunidades autónomas, al objeto de considerar la introducción de mejoras en Aragón, por las considerables diferencias en este tributo con respecto a otras autonomías”.
Este factor de discriminación de los aragoneses respecto a los habitantes de otras comunidades es uno de los distintos argumentos que apunta Joaquín Serrano, portavoz del Partido Aragonés en la DPH, para apoyar la iniciativa. “Con la subida de impuestos fijada desde 2015 por el actual Gobierno de Aragón -ha explicado Serrano-, Aragón se convirtió en la comunidad donde más aumentó la presión fiscal el pasado año, sin que haya habido corrección a la baja en 2017, y es una de las que más impuestos pagan sus ciudadanos. En concreto, los beneficios en sucesiones y donaciones a los que tenían derecho las personas que viven en Aragón han disminuido y Aragón se ha situado entre los territorios con mayor tributación por este supuesto para determinados casos, los ingresos públicos por ese impuesto han aumentado aquí en 2016 un 10 por ciento frente a la rebaja general de la recaudación en el conjunto de comunidades y a la vista de los primeros datos de 2017 esa subida continúa creciendo porque sólo en tres meses, se ha superado el 40 por ciento de lo previsto para el año. Así lo exponemos en la motivación de nuestra iniciativa”.
La comparación agraviante sobre la situación anterior y sobre otras zonas se suma, a juicio del PAR, a otros factores negativos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Joaquín Serrano señala, a través de la propuesta presentada, a la “valoración de este tributo como una doble imposición al afectar a bienes por los que ya se ha pagado impuestos antes, como un modo de penalización del ahorro y hacia quienes no disponen de recursos de ‘planificación’ o ‘programación’ fiscal, y como un obstáculo para la continuidad de negocios y explotaciones familiares incluso de relativamente moderado volumen, perjudicando de esa manera la actividad económica y el empleo. Este impuesto también supone muchos litigios y provoca dificultades e incluso renuncias a recibir una herencia”.
El portavoz del Partido Aragonés ha expuesto que “hay muchos casos particulares en torno a herencias y donaciones entre familiares directos que se ven afectados y otros que no pero en cualquier caso, este impuesto preocupa a muchos aragoneses, por ejemplo en la transmisión a sus hijos cuando ellos falten, de las explotaciones agrarias familiares, pequeños negocios, viviendas o en fin, los ahorros de toda una vida”.
Serrano recuerda que “por todas esas razones, como decimos en la propuesta, en nuestra Comunidad se fue avanzando a partir de 2007, con implicación directa del Partido Aragonés, en las medidas de reducción, que llegaron a eliminar en la práctica el impuesto de sucesiones empresarial o disminuyendo los impuestos vinculados especialmente a la pequeña y mediana empresa, autónomos y emprendedores y fueron elevando paulatinamente el mínimo exento para las herencias familiares, minorando el tributo entre cónyuges y de padres a hijos. Las bonificaciones con carácter general alcanzaron primero un 50 por ciento antes de los peores momentos de la crisis económica y un 65 por ciento en 2015, una vez superados los principales problemas y sacrificios por la recesión, con el compromiso de continuar aumentando ese porcentaje hasta la eliminación de hecho. Sin embargo, este Gobierno de Aragón invirtió radicalmente este proceso y creó nuevos gravámenes e incrementó realmente para los aragoneses algunos de los existentes, como el de Sucesiones y Donaciones, actuando sobre el límite mínimo de las cantidades para que se aplique la bonificación. Hay que explicar que esas bonificaciones son la posibilidad legal de gestionar la incidencia de este impuesto al tratarse de un tributo cedido por el Estado y sobre ellas pedimos el máximo y aligerar de esa forma, la presión fiscal sobre los ciudadanos aragoneses en esta materia”.
La fiducia aragonesa
Por otro lado, la propuesta de resolución del PAR en la DPH incorpora un segundo punto en relación con este tributo de Sucesiones, en cuanto a que afecta a “una institución de nuestro Derecho foral y tradicional como es la fiducia, el testamento mancomunado y la Casa Aragonesa, por el que una persona concede a otra de su confianza la facultad de distribuir libremente al fallecimiento del primero, la sucesión hereditaria entre los distintos hijos y descendientes, designando herederos, distribuyendo la legítima, etcétera… De esta manera, especialmente en el Pirineo, se protegía la unidad de los pequeños patrimonios, cuando habitualmente el cónyuge sobreviviente tomaba las decisiones últimas”, según indica el documento del Partido Aragonés.
Joaquín Serrano ha detallado que “la fiducia aragonesa es controvertida fiscalmente ya que el fiduciario no es heredero sino administrador de una futura herencia no realizada y pendiente de asignar. A pesar de ello, la normativa impuso liquidaciones provisionales a los potenciales herederos posteriores, generando cargas anticipadas y posiblemente injustas. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sentenciado que la tributación debe esperar a que realmente haya legado y transmisión. Aún con ello, las leyes aragonesas no han sido reformadas todavía para observar esa sentencia y sigue existiendo ese impuesto ‘preventivo’, por lo que al igual que ya decidieron las Cortes, queremos que la DPH inste al Gobierno de Aragón para que, de modo inmediato, adapte la normativa y la práctica tributaria de la fiducia aragonesa, a esa sentencia del Supremo para que se declare el aplazamiento y suspensión de las liquidaciones provisionales a cargo de los presuntos herederos. Defendemos una institución de nuestro Derecho foral y costumbres”.