Por ello, en relación con la tramitación del Proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), el PAR quiere recordar, respecto al tema de la libertad de enseñanza en las escuelas, que conforme recogen en su punto 46 los acuerdos suscritos en el Acuerdo de Investidura y Gobernabilidad, es imperativo para esta formación exigir “la convivencia pacífica entre la enseñanza pública y las enseñanzas concertada y privada, siempre en el marco de las “Bases para un pacto por la educación en Aragón” aprobado por unanimidad en el Parlamento aragonés.” En dicho acuerdo se extiende la defensa del derecho de los padres a elegir libremente el modelo educativo que quieren para sus hijos, conforme a su ideario.
El texto propuesto en la LOMLOE comporta graves dificultades orientadas a limitar la libertad de elección de centro; la subsistencia de la enseñanza concertada, la enseñanza privada y la educación especial, para aquellas personas que, por causa de sus discapacidades, no pueden acudir en condiciones de igualdad a los centros de enseñanza reglada de la red pública y concertada.
Por todo ello el Partido Aragonés concuerda en exigir al Gobierno de España el acatamiento de un modelo acorde con la Constitución, permitiendo mantener la libertad de elección de centro de los padres; la perfecta armonía entre la enseñanza pública y concertada, ambas sostenidas con dinero público, así como garantizar unos centros de calidad para aquellos casos que, por su situación de discapacidad, precisan de unos centros adecuados que permitan a los niños y jóvenes desarrollarse y crecer de modo pleno.
El PAR se está conduciendo en este sentido en el seno del Gobierno de Aragón, apostando por una enseñanza en la que convivan los centros públicos, concertados y privados y velando porque está se desarrolle en los mejores estándares de calidad y libertad. Asimismo, protegiendo e impulsando el desarrollo de los centros de educación especial.
Por otro lado, ante la propuesta de la LOMLOE de eliminar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, el PAR recuerda que dicho mandato es contrario al espíritu del artículo 3 del texto constitucional. Por ello, acuerda exigir al Gobierno de España que el castellano sea lengua vehicular en todos los territorios del Estado, protegiendo y preservando el mismo, sin menoscabo del desarrollo de otras lenguas que les son propias a otras Comunidades Autónomas, como es el caso de Aragón, cumpliendo de este modo lo dispuesto en nuestra Carta Magna y en el Estatuto de Aragón, que dispone la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y el uso de las lenguas propias.
El PAR vela por el cumplimiento de la Constitución, compatibilizando dicha obligación, con la defensa de las distintas lenguas que les son propias a diversos territorios de Aragón.