El PAR propone un plan aragonés de compra pública de innovación y la implicación coordinada de las administraciones

El PAR propone un plan aragonés de compra pública de innovación y la implicación coordinada de las administraciones

El Partido Aragonés quiere potenciar y dar a conocer a las empresas de Aragón «el concepto de la compra pública innovadora» como herramienta para el propio beneficio empresarial y de toda la sociedad aragonesa. El presidente del PAR y portavoz en las Cortes, Arturo Aliaga, defiende la necesidad de implicación de las administraciones y organismos relacionados con la CPI especialmente la Universidad de Zaragoza- como instrumento para el fomento «imprescindible» de la innovación y la mejora de los servicios públicos en Aragón
El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, explica que la compra pública de innovación (CPI) es una actuación administrativa de fomento de la innovación a través de la contratación pública. Se trata, ha dicho, de la adquisición por parte de los entes públicos de bienes y servicios novedosos que se introducen por primera vez en el mercado.

Para Aliaga, el desarrollo de la CPI resulta «imprescindible» para las empresas y para la Comunidad Autónoma de Aragón y se aborda «trabajando» tanto desde el lado de la demanda (del gestor público que saca a licitación los contratos de compra pública innovadora) como desde el lado de la oferta (de las empresas que compiten en las licitaciones ayudándolas a participar y presentar ofertas innovadoras). El portavoz parlamentario ha indicado que, en definitiva, los objetivos de la CPI son «la mejora de los servicios públicos incorporando bienes o servicios innovadores, el fomento de la innovación empresarial y el impulso de la internacionalización de la innovación empleando el mercado público local como cliente de lanzamiento o referencia». Y ha explicado en rueda de prensa que la innovación en las empresas y Administraciones Públicas Aragonesas y Españolas «va a marcar el futuro de la economía de Aragón y de España» y señala que uno de los objetivos prácticamente de todas las administraciones competentes es «favorecer la innovación para transformar y diversificar la economía basándola en el conocimiento». En estos momentos, ha indicado, una de las herramientas que la innovación tiene a su favor es «la compra pública innovadora destinada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados desde el lado de la demanda a través de la contratación pública».

Proposición no de ley

Por todo y con todo, el PAR ha impulsado una iniciativa instando al Gobierno de Aragón a que «elabore un Plan Aragonés de compra pública de innovación (CPI) como herramienta y guía para los responsables públicos que vayan a intervenir en la CPI y de aproximación diferencial de las empresas que opten por operar en este mercado».

En la iniciativa parlamentaria el PAR insta igualmente a la DGA a implicar, de forma coordinada a todas las administraciones y organismos relacionados con la compra pública de innovación, a los organismos dependientes del Gobierno de Aragón que puedan potenciar la CPI en la Comunidad (Universidad de Zaragoza, institutos tecnológicos, ITA, asociaciones y colectivos empresariales,….).

Además el Partido Aragonés pide que se «potencien» los mecanismos que estén al alcance del Gobierno de Aragón a nivel de formación, procesos y proyectos para clarificar la demanda pública por un lado, y la oferta privada por otro para «potenciar los instrumentos de la compra pública de innovación de forma eficaz y eficiente incluyendo las herramientas digitales a su alcance».

Dos modalidades de CPI

El PAR explica en los antecedentes de la iniciativa que en la actualidad existen de forma principal dos tipos de modalidades de CPI. La primera es la compra comercial donde se incluye la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) que consiste en la adquisición pública de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra pero puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable. Y la segunda es la Compra Pública pre-comercial (CPP), que es una contratación de servicios de I+D en los que el comprador público no se queda con los resultados de la innovación para su propio uso en exclusiva sino que comparte con las empresas los riesgos y los beneficios de la I+D necesaria para desarrollar soluciones nuevas, que superen las que hay disponibles en el mercado.

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