Madrid, 8 de marzo de 2022.- El senador del Partido Aragonés (PAR), Clemente Sánchez-Garnica, ha presentado una moción en la Cámara Alta en la que exige al Gobierno medidas que impidan el retraso en los pagos a pymes y autónomos en operaciones relacionadas con la contratación pública.
Para ello, además del estricto cumplimiento de la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, propone la inclusión en los pliegos de cláusulas de contratos administrativos de una cláusula de responsabilidad social que penalice el impago a los subcontratistas.
En su escrito, el senador denuncia el incumplimiento de la Ley 15/2021, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004, de 19 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La norma contempla un plazo de 60 días para el pago a proveedores por parte de las empresas privadas, y un plazo de 30 días por parte de las administraciones públicas.
“Pero la realidad es que ni unas ni otras cumplen los plazos”, asegura el senador regionalista. “Las grandes empresas triplican el plazo de los 60 días y, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, los ayuntamientos presentan un período medio de pago a proveedores de 63,49 días. Y de las diez principales ciudades españolas, cuatro de ellas superan los 30 días que exige la ley”.
Este retraso en los pagos, en el mejor de los casos merma la capacidad financiera de pymes y autónomos para acometer nuevas inversiones, y en el peor “puede llegar a comprometer la solvencia y continuidad de empresas que, con el cumplimiento estricto de la ley de lucha contra la morosidad, resultan viables”. Empresas que representan el 99% del tejido empresarial de nuestro país y a las que, por las causas expuestas, se adeuda cerca de 300 millones de euros, lo que las convierte en “principales financiadores de las grandes empresas y administraciones públicas”.
Pero además de todo los expuesto, Sánchez-Garnica denuncia que en el ámbito de la contratación pública se produce “la práctica perniciosa y muy extendida de usar la mora o, directamente, el impago al subcontratado como fórmula de financiación, condicionando el pago a los subcontratistas no a la realización del encargo encomendado, sino al cobro por el contratante del precio final del contrato, lo que les hace injustamente partícipes del riesgo de una operación de la que solo son parte ajena”.
Es precisamente para poner freno a esta práctica -para lo que la Ley de contratación del sector público contempla medidas que no se están cumpliendo debidamente- por lo que el PAR propone incluir en los contratos públicos una cláusula de responsabilidad “similar a las que actualmente se incorporan a los pliegos relacionados con la diversidad, la igualdad, la calidad y la excelencia” que prevea, en caso de incumplimiento, “la penalización, e incluso la inhabilitación temporal, en el acceso a la contratación pública”.