Zaragoza, 23 de octubre de 2018.- La diputada del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué, ha presentado en el Parlamento aragonés para su tramitación en la Comisión de Hacienda de la que es portavoz por el PAR, una proposición no de ley con la que la parlamentaria pretende que el Gobierno de Aragón PSOE-CHA, equipare de “manera justa” a los funcionarios del grupo A2 con las mismas capacidades y competencias que el grupo A1 para que puedan acceder a determinados puestos de trabajo directivos y a ser Investigadores efectivos de Grupos de Investigación, “puestos para los que se exige la misma titulación universitaria y que, actualmente están reservados exclusivamente y sin ningún tipo de justificación al grupo de clasificación A1”. Sin embargo, indica Allué, en otras Comunidades Autónomas “están equiparados”.
La diputada Allué (PAR) señala que desde la implantación del Plan de Bolonia, Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales que equipara todos los estudios universitarios con la titulación “única” de grado universitario (240 créditos). “Los funcionarios del grupo A2 tienen confinados sus derechos”.
Elena Allué manifiesta que, tanto en el Proyecto de Ley de la Función Pública, como en reciente normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, se produce un hecho discriminatorio que atenta al principio de legalidad con respecto a los “antiguos Diplomados”, en tanto el colectivo que conforma el grupo A2 tiene las mismas capacidades y competencias que el grupo A1 en la actualidad.
La diputada recuerda que el Gobierno de Aragón cuenta con 54.251 empleados públicos, de los cuales casi 20.000 tienen plazas en las que se requiere una Diplomatura (15.000 son mujeres). “A estos 20.000 empleados es a quien va dirigida la iniciativa del PAR que hoy presentamos; entre ellos más de 9.000 profesionales del ámbito de la Sanidad aragonesa, sector que ha constituido una Plataforma para la normalización de la Categoría del Grupo “A”, y a otros sectores como ingenieros, trabajadores sociales, fisioterapeutas ocupacionales o maestros, entre otros.
Subdivisión del Grupo A
En cuanto a la subdivisión del Grupo A, recuerda la parlamentaria del Partido Aragonés, el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece los grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera donde consta que “los cuerpos y escalas se clasifican de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos en los siguientes grupos: el grupo A dividido en dos subgrupos A1 y A2. Para el acceso a los cuerpos o escalas de este grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.”
El anteproyecto de ley de Función Pública de Aragón discrimina a los diplomados universitarios
Elena Allué lamenta que el Gobierno de Aragón en su anteproyecto de Ley de Función Pública en Aragón “discrimina” a los profesionales con estudios universitarios que antaño se denominaban diplomados universitarios de manera “atentatoria al principio de legalidad”.
En dicho proyecto de ley, recuerda Allué, así como en reciente normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, se produce el hecho “excluyente” anteriormente mencionado. “Esta discriminación recae en profesiones como Enfermería, Logopedia, Fisioterapia Ocupacional, Trabajo Social o ingenierías, entre otros”.
Con todo y así las cosas, la parlamentaria del PAR, Elena Allué, advierte de que en base a la normativa existente se deduce que “no existe ninguna justificación para el tratamiento desigual entre los grupos A1 y A2 debido a que, para el acceso a uno u otro grupo se requiere la posesión del título de grado universitario que según el Plan Bolonia cuenta con los mismos créditos”. “Y eso es lo que pedimos que se reconozca”, ha remarcado Allué.