Zaragoza, 1 de julio de 2025. La Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés-Grupo Mixto ha registrado una Proposición No de Ley en las Cortes de Aragón, para impulsar mecanismos de compensación a los municipios aragoneses que albergan centros penitenciarios y que estos sirvan de “revulsivo” para el territorio en el que están instalados.
Así lo han expuesto hoy en rueda de prensa, el portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, y Francisco Nasarre y Juan Carlos Agustín, concejales en los ayuntamientos de Zuera y Daroca, respectivamente.
Izquierdo ha insistido en que los centros penitenciarios de Zuera y Daroca “podrían ser un revulsivo para estos municipios”, al igual que sucede cuando una industria se implanta en el territorio. “Vemos cómo cuando llega una industria a un municipio, el Gobierno de Aragón o el propio ayuntamiento tratan de impulsar, por ejemplo, que los trabajadores se queden a vivir allí o que las empresas auxiliares formen parte también de la implantación de la misma”. “Estamos hablando de empresas de unos 100 trabajadores y, en el caso de la cárcel de Zuera, tiene más de 400. Es una ‘empresa’ que, en nuestra opinión, deja mucho menos en el municipio de lo que podría dejar”, ha añadido.
Ha destacado que un porcentaje “ínfimo” de trabajadores de estos centros vive en estos municipios y a este respecto ha recordado el problema de “despoblación” que está sufriendo Daroca a pesar de contar con casas vacías para los trabajadores del centro penitenciario que podrían estar ocupadas. “Un recurso que podría generar riqueza no la genera”, ha asegurado antes de recordar que la construcción de un centro de estas características está libre de impuestos, así como las reformas que se llevan a cabo en los mismos. “Lo que queremos impulsar es que los ayuntamientos de Daroca y Zuera tengan un beneficio y que la sociedad de estos municipios también se vea beneficiada por la instalación de estos centros”, ha concluido.
Daroca
El concejal del PAR en el Ayuntamiento de Daroca, Juan Carlos Agustín, ha explicado que “bajo ningún concepto estamos en contra de que en Daroca exista un centro penitenciario”, pero sí que ha manifestado que el municipio necesitaría más apoyo por parte de los gobiernos de Aragón y de España “para compensar esas sinergias negativas que puede acarrear tener el centro penitenciario”.
Ha puesto como ejemplo la existencia de un polígono industrial, cercano al centro penitenciario, que, ha dicho, “está totalmente infrautilizado”. Por ello, ha reclamado apoyos para impulsar el citado polígono y “retomar el proyecto de la autovía A-24, que ya en su día estuvo incluido en el proyecto de infraestructuras de 2011, que conectaba la A-23 con la A-2 a través de Daroca y Calatayud, algo que sería un impulso muy importante para la economía de Daroca”.
En cuanto al tema de la vivienda, ha explicado que cuando se construyó el centro penitenciario “se crearon un montón de viviendas para los funcionarios y, a día de hoy, gran parte de esas viviendas están vacías, incluso muchas en muy mal estado, lo que hace que los funcionarios que deseen vivir cerca del centro tengan que buscar ubicación en pueblos de los alrededores”. Por ello, ha apostado por “reformar dichas viviendas y facilitar a los funcionarios el acceso a ellas, algo que ayudaría a aumentar la población de nuestra localidad, que está muy muy castigada por la despoblación”.
Zuera
Por su parte, Francisco Nasarre, concejal del Ayuntamiento de Zuera, ha reclamado que “los centros penitenciarios deberían aportar muchísimo más a los municipios donde están ubicados”. Ha recordado que “un centro penitenciario, cuando se construye, no paga ningún tipo de licencia de construcción y, lo que es más sangrante, tampoco paga el IBI mientras está en funcionamiento o las licencias de obras para el mantenimiento; una licencia de obras que sí que exigimos a una persona mayor que se cambia la bañera por un plato de ducha o a una persona con discapacidad que tiene que hacerse una rampa para acceder a su propia vivienda. Entendemos que no es justo que esas personas paguen por esas obras y un centro penitenciario no pague nada”.
Se ha referido también a algunos servicios que prestan los ayuntamientos como el suministro de agua o la recogida de basura. “No olvidemos que un centro penitenciario como el de Zuera tiene más de 1.200 reclusos. De los 731 municipios que hay en Aragón, aproximadamente unos seiscientos tienen menos de mil habitantes, con lo cual tenemos un pueblo dentro de otro pueblo, al cual hay que dotarle de servicios tanto de agua como de recogida de basuras”.
También ha señalado que “la mayoría del personal que trabaja en un centro penitenciario es funcionario que se contrata siguiendo los procedimientos fijados por la normativa estatal y que por lo tanto, no supone la creación de puestos directos en el municipio donde está instalado, por lo cual entendemos que los ayuntamientos deberían de negociar convenios con el Estado, para las compensaciones que puedan amortiguar el coste, no solamente económico, que asumen los municipios que albergan estos centros penitenciarios”.
Las propuestas
La PNL presentada por el PAR consta de cinco puntos en los que se insta al Gobierno de Aragón a “realizar, en colaboración con los ayuntamientos implicados, un informe técnico que analice los efectos socioeconómicos, urbanísticos y presupuestarios que conlleva albergar un centro penitenciario de titularidad estatal”.
También se reclama “abrir una vía de diálogo con el Gobierno de España, en particular con el Ministerio del Interior, para explorar fórmulas de compensación a los municipios afectados, ya sea mediante transferencias específicas, programas de colaboración o prioridad en líneas de inversión estatal”.
En el tercero de los puntos, se insta al Ejecutivo autonómico a “establecer un marco de trabajo estable entre el Gobierno de Aragón, La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y los ayuntamientos afectados, con el objetivo de consensuar propuestas y reforzar la posición aragonesa ante el Estado”.
Asimismo, la iniciativa del PAR apuesta por trasladar este acuerdo a los Ministerios del Interior y de Política Territorial, a los ayuntamientos aragoneses que albergan centros penitenciarios y a la FAMCP.
Por último, se insta a “solicitar al Gobierno de España que impulse un marco normativo o financiero que permita establecer mecanismos de compensación a los municipios que acogen centros penitenciarios de titularidad estatal, teniendo en cuenta su contribución al interés general y el impacto local que esta responsabilidad implica”.
Declaraciones en rueda de prensa:
→ Alberto Izquierdo
→ Juan Carlos Agustín
→ Fran Nasarre