El PAR Zaragoza advierte de que el Ayuntamiento está perdiendo casos de cobro de plusvalía en los juzgados

El PAR Zaragoza advierte de que el Ayuntamiento está perdiendo casos de cobro de plusvalía en los juzgados

El PAR Zaragoza pide al Ayuntamiento que a la hora de aplicar el impuesto de plusvalía «tenga en cuenta los valores reales de los inmuebles y no obligue a los zaragozanos a acudir al juzgado para que se les anule dicho impuesto». El PAR Zaragoza constata que el Ayuntamiento de Zaragoza está perdiendo determinados casos en los Juzgados de Zaragoza relativos al cobro del impuesto de la plusvalía. Así, están surgiendo pronunciamientos en el orden Contencioso Administrativo que no reconocen como ajustada a Derecho resoluciones del Consistorio en las que exige el cobro del impuesto de la plusvalía en determinados casos y, en consecuencia, anulando las mismas. Es de notar que, hasta el momento, los zaragozanos ven negados sus recursos ante la administración, y deben acudir a los tribunales por la negativa en vía administrativa por parte del consistorio a reconocer la situación.

El presidente del Comité Municipal del PAR Zaragoza, Sergio Larraga, advierte de que los casos en los que el Juez está anulando la plusvalía municipal se deben «a disminuciones efectivas de valor del inmueble en cuestión en períodos temporales afectados por la burbuja inmobiliaria y en los que sí ha habido una depreciación evidente de valor de los inmuebles y del suelo, sobre todo en zonas no céntricas de la ciudad».

Larraga explica que la aplicación automática de las tablas que la Administración establece de manera orientativa a la hora de valorar los inmuebles en los casos de pago de plusvalía municipal «son precisamente eso, orientativos». El Ayuntamiento de Zaragoza, valora, debe tener en cuenta «los casos individuales -que precisamente en los últimos años se adecúan a la situación de depreciación de valor de los inmuebles que están reconociendo los tribunales en algunos casos- y desde PAR Zaragoza se insta al consistorio a no obligar a los zaragozanos a tener que acudir al Juez para defender su derecho, y proceda a analizar caso a caso en vía administrativa para distinguir los diversos supuestos».

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