(Comunicación de Presidencia del partido)
No debe sorprendernos que la Familia sea la institución más valorada por los españoles en todos los barómetros que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ha sido, y será, la estructura que posibilita nuestra socialización desde pequeños, allí donde absorbemos los valores propios de nuestra cultura, un soporte fundamental en las relaciones económicas y un elemento esencial de protección social. En los tiempos que vivimos, lejos de diluirse, el papel cohesionador y solidario de las familias adquiere enorme relevancia. Es la familia, en primera y principal instancia, la que permite sobrellevar los momentos de dificultad económica y de asistencia a nuestros mayores o de aquellas personas que requieren mayor cuidado.
La protección social, económica y jurídica de la familia es un precepto constitucional recogido igualmente en nuestra máxima norma como es el Estatuto de Autonomía. Una cuestión que siempre ha ocupado al Partido Aragonés como demuestra la creación del primer departamento de Familia que ha existido en nuestra comunidad. Desde el PAR consideramos que la familia debiera ser el referente institucional primigenio para fijar determinadas políticas fiscales, de vivienda, sociales, educativas e incluso empresariales. La mayoría de nuestras pequeñas y medianas empresas son de origen familiar, lo que se traduce, a menudo, en un modelo más responsable y comprometido con los empleados y la sociedad.
Pero hemos visto que era necesario reforzar la importancia que debe tener la institución familiar como referente en la aplicación de muchas políticas por parte de las administraciones. Por ese motivo, desde la dirección general de Familia que encabeza Ana De Salas se ha elaborado, tras un intenso periodo de debate con las organizaciones implicadas, un ambicioso proyecto de ley de Apoyo a las Familias de Aragón, que ha sido aprobado por el Gobierno, y se debatirá en los próximos meses en las Cortes. El proceso previo de participación que debe garantizar una consensuada tramitación parlamentaria y su perdurabilidad en el tiempo. En una Comunidad como la nuestra, con un problema demográfico importante, las políticas familiares tienen que ser una guía prioritaria.
Se trata de una norma adaptada a nuestros tiempos, donde se reconoce la evolución de los diferentes modelos de familia que ya no son sólo el tradicional. Y donde se tienen en cuenta diversos factores que han modificado el funcionamiento ordinario de una familia como la plena integración de ambos cónyuges al mercado laboral con la necesaria conciliación familiar o el alargamiento de la esperanza de vida que requiere mayor atención a nuestros mayores. Hay otras cuestiones inherentes a nuestro territorio como la dispersión poblacional o el envejecimiento que también requieren de medidas específicas para garantizar el acceso a las mismas oportunidades. La baja natalidad también supone un necesario esfuerzo por parte de los poderes públicos como quedó patente en el Plan Demográfico de Aragón.
En este sentido, las medidas de protección, atención y apoyo a las familias por una parte, y las políticas públicas de apoyo a la maternidad por otro, son los dos ejes sobre los que pivota la ley. El primero de ellos persigue la plena igualdad de género en las responsabilidades familiares, el reconocimiento de la libertad que conlleva las nuevas situaciones familiares y facilitar la puesta en marcha de medidas, recursos y servicios a favor de las familias. Con especial atención a lo que se califica como familias de especial consideración. Carácter preferente tienen las familias más vulnerables, pero se establecen medidas singularizadas también para familias numerosas, monoparentales o con personas discapacitadas a su cargo.
Se persigue la implantación de horarios racionales y flexibilidad de la jornada, incluido el teletrabajo, como medidas conducentes a una mayor conciliación. Se proponen medidas fiscales y económicas de apoyo al núcleo familiar, con tasas y tributos. E igualmente se plantean cuestiones para contemplar la familia como referente en materia educativa, sanitaria, social, de vivienda, empleo y sobre aspectos lúdicos y culturales.
Por último se fijan líneas de políticas públicas de apoyo a la maternidad, que recogen desde la igualdad de derechos en cuestiones de paternidad/maternidad, puntos de lactancia, apoyo sociofamiliar a menores gestantes y de especial consideración para mujeres embarazadas pertenecientes a familias vulnerables.
Un proyecto de ley que, como veis, permitirá una mayor sensibilidad por parte de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad hacia nuestra institución más apreciada, pero menos apoyada.