(Comunicación de Presidencia del partido)
El PAR pone el acento en cuatro cuestiones vitales para entender el déficit de infraestructuras que sufre nuestra comunidad y que lastra nuestra economía.
La primera de ellas, el injusto reparto del Objetivo 1 a mediados de los noventa que dejó en nuestro país 25.000 millones de euros, de los que ninguno llegó a Aragón. Una cifra importante que ha permitido modernizar las autovías de gran parte del país. Con 25.000 millones de euros se pueden construir 5.000 kilómetros de autovía, por ejemplo. Comunidades vecinas como Valencia han recibido más de 2.500 millones, que es más de la mitad del presupuesto del Gobierno de Aragón en un año.
La segunda cuestión es la enorme diferencia entre nuestra comunidad y el resto que quedaron excluidas, como Navarra y País Vasco, con un sistema de financiación propio muy ventajoso, y comunidades de enorme potencial económico como Cataluña, Baleares, la pequeña Rioja y la virtual comunidad de Madrid.
La tercera, y origen de las anteriores, es el esfuerzo fiscal que hace nuestra comunidad y el reducido fraude fiscal que existe en Aragón, lo que distorsionó la renta per cápita de las comunidades. Hemos conocido como, por ejemplo, la economía sumergida en Valencia es dos puntos superior a la aragonesa, tercera comunidad más cumplidora.
Y la cuarta y última, la más importante, cómo el artículo 108 de nuestro Estatuto de Autonomía nos permitiría resarcir ese agravio histórico con nuestra comunidad, pero no se ha logrado hasta la fecha, por la ferviente oposición de socialistas y populares, pese a que respaldaron dicho articulado, tanto en Zaragoza como en Madrid.
Nos encontramos en puertas de la negociación del nuevo modelo y parece poco probable que Aragón pueda acceder a un modelo propio, diferenciado del régimen general, basado en su carácter foral, como en Navarra y País Vasco. Las dos comunidades más premiadas que no aportan al fondo de solidaridad como hacemos el resto.
Sin embargo, existe la posibilidad de un modelo alternativo al general o uno complementario que, basado en el sistema general, incluya un complemento que atienda las singularidades de la comunidad autónoma, como su especial orografía, su extensión, su carácter fronterizo, su dispersión poblacional, envejecimiento y en definitiva el mayor encarecimiento en la prestación de servicios públicos al ciudadano.
El sistema general prima sobremanera la población, atendiendo las demandas de andaluces, madrileños y catalanes, y apenas compensa la variable de territorio, obviando el influjo que esta variable aporta. Así, nos lastra el escaso 3% poblacional frente al 10% de nuestra aportación territorial.
Sin embargo, ese mecanismo de nivelación adicional con Aragón debe tener en cuenta dos cuestiones derivadas de esa condición geográfica: las infraestructuras y nuestro modelo de organización territorial.
Es evidente que hay un déficit histórico de infraestructuras que es necesario revertir y debemos añadir una nueva cuestión. La reciente aprobación de la ley de bases de régimen local reconoce la singularidad de Aragón que cuenta con un modelo propio para atender mejor a sus ciudadanos y paliar la situación demográfica. Al igual que se reconoce la condición de insularidad de Canarias o Baleares, Aragón cuenta con una especificidad.
Corresponde al gobierno central la financiación de las haciendas locales, cuestión sin resolver desde la transición, y que nuevamente ha quedado pendiente en esta reforma. Pero el hecho de reconocer las competencias propias de la comunidad debe plasmarse en un compromiso financiero por parte del Estado para que Aragón pueda suplir ese déficit.
Fue la comunidad autónoma quien creó las comarcas y las dotó de financiación suficiente para prestar los servicios que se han ido transfiriendo, aminorando, por parte, los presupuestos en otras secciones de las cuentas de la comunidad. Pero ahora, en ese nuevo papel que deben asumir como prestadoras de servicios de carácter municipal, es necesario que se mejore la aportación del Estado.
Por tanto, en la nueva batalla de la financiación debemos lograr que el 108 de nuestro estatuto pase a plasmarse en acuerdo bilateral e incluya partidas para mejorar las infraestructuras, atender mejor a nuestra población y garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales aragonesas.