En la reunión de la Comisión permanente del Partido Aragonés celebrada el día 1 de marzo de 2023, se adoptó los siguientes acuerdos:
El Partido Aragonés, como firmante fundacional del “Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales”, suscrito el 7 de julio de 1998, renovado el 26 de septiembre de 2000, el 23 de mayo de 2006 y el 11 de noviembre de 2020, donde se amplía al ámbito estatal y autonómico mediante el “Acuerdo por la estabilidad institucional”, se reafirma en el firme compromiso de continuar combatiendo el transfuguismo en todas las esferas institucionales, ya que es una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas.
A efectos del citado acuerdo se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales, que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes.
Ante los evidentes casos de transfuguismo que se han producido en los grupos municipales del Partido Aragonés en el Ayuntamiento de Teruel, en las personas de Julio Esteban y Joaquín Tomás, en el Ayuntamiento de Alcañiz, como es el caso de Berta Zapater, Eduardo Orrios y Beatriz Altaba, la Comisión permanente de este partido, ha acordado dirigirse a dichas instituciones para que se cumpla en sus estrictos términos el citado acuerdo, firmado por las principales formaciones políticas españolas.
En el artículo 2.2 de dicho acuerdo queda reflejado “que la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrar la voluntad popular”. Así, estas personas no disfrutarán de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos de los que proceden, en este caso del Partido Aragonés. Por tanto, el Partido Aragonés no debe sufrir menoscabo de dichos derechos a pesar de la marcha de los tránsfugas, manteniendo los derechos correspondientes a su resultado electoral tanto en el Ayuntamiento de Teruel como en el de Alcañiz.
Estas medidas se extienden a los cargos públicos que no han sido electos por sufragio directo, si no que han sido designados por los concejales de su partido judicial, como es el caso de los diputados provinciales Berta Zapater y Julio Esteban, por lo que también se ha acordado dirigirse a la Diputación Provincial de Teruel para que se respete el espíritu y la letra de dicho Acuerdo antitransfiguismo.
Sobre estas personas, tal y como señala el artículo 2.3 del pacto, se declarará la condición de tránsfuga, la prohibición de acceso, la limitación de derechos económicos y administrativos, así como se estudiarán mecanismos de remoción, tal como recoge la sentencia del Tribunal Supremo 1401/2020, de 26 de octubre, que sin dotar a los pactos antitransfuguismo de valor normativo, lo usó como una referencia para interpretar los preceptos que se han dictado en aplicación de dichos actos, valorando además, el carácter transversal de los pactos que recoge un amplio espectro de partidos políticos. Los diputados provinciales no tienen la garantía del acta basada en la legitimidad democrática directa, la suya es indirecta, transferida por los concejales correspondientes a sus partidos judiciales. Por lo tanto, hay un vínculo entre los concejales que designan al diputado provincial y el propio diputado provincial. Si el diputado se desvía del criterio de los concejales que le designaron, estos podrían ejercer la representación que les da su legitimad democrática directa y provocar la pérdida de legitimad indirecta de la que gozaban dichos diputados provinciales.
Por todo ello la Comisión permanente del Partido Aragonés se va a dirigir también a las formaciones políticas que cuentan con representación en dichas instituciones para que no se sirvan del voto de los diputados y concejales tránsfugas en sus iniciativas políticas o de gobierno, tal como sucedió, por ejemplo, en el pasado pleno de la Diputación Provincial de Teruel.