Siempre hemos defendido la libertad de enseñanza como un derecho de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Los colegios de educación concertada existen desde la década de los 80 en España y suponen en la actualidad el 25 % de los centros. Hay que destacar un dato importante a tener en cuenta, y es que mientras el coste de una plaza en la escuela pública supone al Estado más de 6.000 euros por alumno, el de una en la concertada le cuesta la mitad. Es decir alrededor del 50% de una plaza pública.
Con todo, nos hemos visto sorprendidos por el impulso del Gobierno de España a la tramitación de la “ley Celaá” en plena ola del coronavirus, proyecto de ley orgánica educativa que exige la mayoría absoluta del Congreso (176 votos a favor) y que logró 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones.
El texto propuesto en la LOMLOE comporta graves dificultades orientadas a limitar la libertad de elección de centro, la subsistencia de la enseñanza concertada, la enseñanza privada y la educación especial para aquellas personas que, por causa de sus discapacidades, no pueden acudir en condiciones de igualdad a los centros de enseñanza reglada de la red pública y concertada. Es la octava ley educativa de la etapa democrática y nace sin consenso, lejos de la unanimidad con la que debería contar un asunto fundamental como es la educación. Han pasado 50 años desde que la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación estableció la gratuidad y generalización de la enseñanza obligatoria hasta los 14 años con la EGB, Educación General Básica.
No puede ser que con cada Gobierno de España llegue una nueva ley, que responde más a necesidades partidistas o electorales que a necesidades sociales que son las que deberían primar por encima de todo. Cada reforma pretende imponer el modelo político de turno y eso nos preocupa.
Nosotros defendemos la libertad de Enseñanza, la Educación Especial y el castellano como lengua vehicular compatible con las lenguas propias. Por eso es para nosotros imperativo respecto a la libertad de enseñanza en las escuelas, conforme recogen en su punto 46 los acuerdos suscritos en el acuerdo de investidura y gobernabilidad, exigir la convivencia pacífica entre la enseñanza pública y las enseñanzas concertada y privada, siempre en el marco de las “bases para un pacto por la educación en Aragón” aprobado por unanimidad en el Parlamento aragonés. En dicho acuerdo se extiende la defensa del derecho de los padres a elegir libremente el modelo educativo que quieren para sus hijos, conforme a su ideario.
Hace unos días la Comisión Permanente del PAR acordó exigir al Gobierno de España un modelo acorde con la Constitución que permita mantener la libertad de elección de centro, la armonía entre la enseñanza pública y la concertada, y la garantía de centros de educación especial de calidad.
Además, ante la propuesta de la LOMLOE de eliminar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, hemos recordado que dicho mandato es contrario al espíritu del artículo 3 del texto constitucional. En Comisión Permanente de partido acordamos exigir al Ejecutivo de Sánchez que el castellano sea lengua vehicular en todos los territorios del Estado sin menoscabo del desarrollo de otras lenguas propias de otras Comunidades Autónomas como es el caso de Aragón, cumpliendo así lo dispuesto en la Carta Magna y en el Estatuto de Aragón que dispone la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón y el uso de las lenguas propias