Los resultados de las elecciones catalanas, con un voto constitucionalista que supone el 52,14% frente al 47,86% de Juntos por el Sí más la CUP, han tenido y tienen su efecto en la presente y futura situación política y económica de España. Resultados que hicieron más profunda la brecha política y social que hoy mantiene un escenario muy complicado y una difícil gobernabilidad como en su momento manifesté.
A raíz de ello la Comisión Ejecutiva de mi partido aprobó recientemente por unanimidad una «declaración sobre el proceso soberanista» para mostrar nuestro rechazo a la ruptura unilateral de los partidos independentistas de Cataluña y en defensa de la legalidad vigente. También, defendiendo que es la hora de dar respuestas jurídicas y políticas al grave desafío que viola la integridad territorial de España y el respeto al Estado de Derecho.
Nos unimos al modelo de Estado y de la Constitución de 1978 como modelo de salvaguarda de unidad y convivencia porque estoy convencido de la necesidad de apertura de un proceso de diálogo y consenso sobre la cuestión territorial para una España unida que nos afecta a todos. Nunca he estado más lejos de la confrontación y separación, del incumplimiento de la ley, de actitudes de manipulación y deslealtad, de la exigencia de privilegios e independencia. En mi partido, con sus debilidades y fortalezas, con sus fallos y aciertos, tenemos claro que la actual situación política y la irrupción de nuevas fuerzas podrían poner en riesgo la consolidación de la recuperación económica indispensable para el mantenimiento del bienestar, el modelo de Estado y la unidad territorial.
Por otra parte resulta innegable que las elecciones europeas, las autonómicas y municipales, evidenciaron el comienzo de profundos cambios políticos en España como consecuencia de la entrada en las instituciones de nuevas fuerzas que el próximo 20 de diciembre irrumpirán en las Cortes Generales. Nos jugamos mucho. Hablo de futuro, de intereses generales y de Aragón. La delicada situación política, agravada por las tensiones separatistas, nos exige una responsabilidad especial para mantener el modelo de Estado, la unidad territorial y la arquitectura institucional básica para el modelo de convivencia y progreso económico y social que este país ha consolidado con la Carta Magna.
Acudir a las generales en coalición con un programa conjunto nos permite, sin perder ninguna de las dos fuerzas su identidad, participar en la estabilidad y gobernabilidad del Estado en estos momentos de dificultad e influir en las políticas que puedan afectar al territorio aragonés y a los aragoneses durante la próxima legislatura.
Hemos sido generosos y hemos cumplido, como aragonesistas que somos, con nuestro deber de comprometer al Partido Popular de una manera más especial con las reivindicaciones de mi partido incluyéndolas en el documento firmado por ambas partes. El respeto al Estatuto, las infraestructuras viarias e hidráulicas, la financiación autonómica, instituciones y señas de identidad, y las dotaciones referidas a las necesidades financieras presentes y futuras en Aragón para garantizar la prestación de servicios de calidad y luchar contra la despoblación y el envejecimiento.
Queremos estar en Madrid para opinar, defender Aragón y empujar hasta el máximo posible cuando se debatan asuntos importantes que nos incumban, y en ocasiones fundamentales. Es nuestra razón de ser. Y contribuir a la recomposición de la unidad territorial, ayudar a salir de la crisis, bajar el paro y crear empleo, nuestra obligación más inmediata.