La reforma de las administraciones públicas -y en concreto de las administraciones locales- es una cuestión que plantea aspectos de gran interés social para el presente y el porvenir de Aragón y los aragoneses. La función que en nuestra Comunidad ejercen ayuntamientos, comarcas, diputaciones y Gobierno de Aragón es decisiva y debe estar orientada, entre otros objetivos, a «priorizar la creación de empleo, destinando a ese fin los principales recursos y ajustando, en lo posible, el gasto no productivo», «mejorar su eficacia y la eficiencia al servicio de los ciudadanos» así como «hacer más eficaz la relación con las empresas y con los ciudadanos, de manera que se mejore el servicio y se haga más eficiente su prestación», y «consolidar y desarrollar una política de organización territorial que se base en las previsiones del Estatuto de Autonomía, en la primacía del interés general de Aragón y en las necesidades de futuro de nuestro extenso, despoblado y desequilibrado territorio».
Con estas propuestas, incluidas en el programa electoral de mayo de 2011 del PAR para Aragón, el Partido Aragonés se situaba ya en vanguardia de esta cuestión, plasmando estas ideas a través del impulso a normas, además de otras iniciativas y acciones, como una «Ley de distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades locales (municipios, comarcas y provincias)», que otorgaría un importante papel a las comarcas reforzando también sus competencias y valores democráticos, o una «Ley de capitalidad para Zaragoza» y la «Ley de creación de la comarca central de Zaragoza», reivindicando además «al Estado una financiación justa para los ayuntamientos».
Con todo ello, el PAR afronta bajo criterios firmes -como demuestra el acuerdo de la Comisión Bilateral para que sea respetada la comarcalización aragonesa en cualquier modificación de legislación básica estatal de régimen local- la inminente nueva fase de esta reforma de las administraciones y apuesta por el diálogo y el entendimiento, encauzado actualmente en las Cortes a través de una Ponencia especial para el estudio de la racionalización y simplificación de la Administración Pública aragonesa bajo la premisa general de una competencia-una Administración, y por el desarrollo de las potestades aragonesas en la materia que señala nuestro Estatuto de Autonomía, con la convicción de que esta reorganización supone una oportunidad para nuestra Comunidad, nuestro autogobierno y el servicio a la sociedad.