Zaragoza, 16 de julio de 2020.- El senador autonómico por el Partido Aragonés, Clemente Sánchez -Garnica, ha manifestado en el transcurso de una reunión en el Senado con partidos, sindicatos y asociaciones, que el problema que tienen los interinos «pasa por una reforma legislativa».
Clemente Sánchez-Garnica (PAR) junto con senadores de “Teruel Existe”, del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y de Compromís han mantenido una reunión en la Cámara Alta con representantes de más de una decena de sindicatos y asociaciones de toda España para abordar el problema de los interinos que se encuentran en fraude de ley, más de 800.000 en toda España que pertenecen, sobre todo, a los sectores de la Sanidad, la Educación y los Asuntos Sociales.
Tanto los representantes sindicales como los senadores asistentes han coincidido en la conveniencia de afrontar una modificación legislativa que dé respuesta a la reclamación de este colectivo, tal y como se plantea en una moción recientemente presentada por el PAR en la Comisión de Función Pública del Senado.
A este respecto, Sánchez-Garnica ha explicado que se trataría de buscar una “solución intermedia” de forma que, sin ser funcionarios, se reconozca la fijeza a estos trabajadores, tal y como recoge la sentencia dictada el pasado mes de junio por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Alicante condenando al Ayuntamiento de la ciudad a mantener en su puesto a una interina que llevaba trece años con contrato temporal. “Es una cuestión de justicia, no podemos permitir que el problema se siga enquistando”, ha dicho Sánchez-Garnica.
En el transcurso de la reunión las asociaciones y grupos sindicales han reclamado la transposición a la Administración Pública de la Directiva Europea sobre trabajo temporal, y han incidido en que “ninguno de nosotros estamos haciendo trabajos temporales, sino estructurales”, lo que, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 19 de marzo, implicaría sancionar a las administraciones infractoras por los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos.
Los sindicatos y asociaciones asistentes a la reunión, representantes de más de 50 plataformas en toda España, aseguraron asimismo que la propuesta de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, de reformar el Estatuto del Empleado Público para limitar el abuso de temporalidad no es la respuesta más adecuada, que en su opinión debe pasar por una “reforma legislativa” que garantice que “ningún trabajador en abuso pueda ser cesado ante los procesos de consolidación y estabilización” que se están convocando, y solicitaron que las plazas en abuso no salgan a concurso. “Nosotros somos las víctimas. Accedimos a la Administración a través los de procesos propuestos por la propia Administración”, aseguraron.