Lejos quedan ya los tiempos en los que toda la vida laboral de un trabajador o trabajadora se vinculaba, por lealtad, por comodidad o por resignación, a una sola empresa. Esas generaciones de trabajadores y trabajadoras, los conocidos como boomers, hoy jubilados o a punto de jubilarse, aceptaban casi sin rechistar las condiciones laborales que se les impusieran. Era lo normal.
Poco tienen que ver aquellas personas con los trabajadores y trabajadoras recién incorporados o a punto de incorporarse al mercado laboral hoy en día, los centenials, que acceden a los puestos de trabajo con un planteamiento más aspiracional, lanzados a conseguir aquello que pretenden lo más rápidamente posible.
Algunos dicen que estos jóvenes, muchos viviendo todavía en casa de sus padres, tienen poca paciencia y poca resistencia a la frustración. Algunos ya les han bautizado como la «generación de cristal».
No comparto para nada ese término y, además, tengo claro que estos jóvenes cuentan con una mayor sensibilidad emocional y dan mucha importancia a la salud mental, o sea al bienestar en sus vidas.
Y es por eso que no tienen prejuicios para, si una empresa no les ofrece lo que ellos buscan o no tan rápido como ellos esperan, despedirse e irse sin remordimiento alguno.
Entre ambas generaciones, como si de un sandwich social se tratara, están la generación x y los milenials, quienes ya llevan unos cuantos años de trabajo a la espalda y tienen, muchos de ellos, responsabilidades familiares, y que tratan de encontrar el equilibrio con planteamientos intermedios a los anteriores.
Me explicaré, aunque me resista a llamar cargas a algunas de esas responsabilidades familiares, como la educación de los hijos, la atención a padres y madres mayores o en situación de dependencia, o las labores domésticas. No podemos negar que son tareas que requieren tiempo y dedicación y que hay que compaginar con la jornada laboral, lo que hace que las necesidades de conciliación hayan aumentado en los últimos años.
Las tareas de cuidado son una función básica en cuya gestión y desempeño deben ser responsabilidad de toda la sociedad. Sin embargo, este peso ha recaído tradicionalmente sobre las mujeres, que son las que mayormente han sufrido las dificultades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Esto es así y solo hay que echar un vistazo a las encuestas del CIS para corroborarlo.
Esto, entre otras cosas, ha supuesto un lastre para el desarrollo profesional de las mujeres, que muchas veces hemos tenido que reducir la jornada laboral, optar por un trabajo a tiempo parcial, acogernos a una excedencia o renunciar a puestos de responsabilidad que conllevan más tiempo de dedicación.
Y eso, en algunos casos, ha conllevado que la salud de las personas cuidadoras con dificultades de conciliación -especialmente las mujeres- se vea afectada por estrés, ansiedad, sensación de pérdida de autonomía y de control del propio tiempo, o sobrecargas físicas.
Por otra parte, las empresas, sobre todo las pequeñas, están encontrando dificultades para adaptarse a las necesidades de conciliación que les exige la sociedad y sus trabajadores, sobre todo los más jóvenes.
Pero esta dificultad para lograr un nivel adecuado de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Aragón, se hace más patente en el ámbito rural, en nuestros pueblos, donde los recursos y servicios públicos son más escasos.
Y ahí es donde debemos reforzar la atención pública. Ciudades más o menos pobladas ofrecen a sus vecinos bastantes herramientas para afrontar esa conciliación, pero no así los medios rurales. Y allí, sin duda, es donde representan un papel fundamental las comarcas.
Se hace necesario una ágil y vital relación entre administraciones. Donde no llegue una, debe llegar otra. El aumento de las necesidades de conciliación pone de manifiesto que no contamos con suficientes servicios y recursos públicos para los cuidados, pero el problema tiene solución.
Una planificación eficiente y coordinada, además de la imprescindible colaboración con las entidades sociales, nos debe empujar a lograr un objetivo que debe ser primordial para los gestores públicos: que todas las personas, vivan donde vivan y sean cuales sean sus condiciones laborales o personales, puedan acceder a unos servicios que les permitan una real conciliación de la vida personal, laboral y familiar.